Calviño tira de los fondos europeos para cerrar los objetivos políticos de la legislatura

La cercanía de la cita electoral, en la que las encuestas no aseguran la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez, no ha sido freno para que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, distribuya la nueva remesa de fondos europeos ligados al Plan de Recuperación con especial incidencia en sus propios Perte –los dependientes del Ministerio de Asuntos Económicos, como el Perte Chip y el referido a I+D+i, principalmente– y en los correspondientes a los planes sociales –como la vivienda de alquiler– y a la agenda verde –para acelerar la transición energética–.

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la adenda que pondrá a disposición del Gobierno 84.000 millones en préstamos, 7.700 millones en transferencias adicionales, a los que se unirán los casi 2.600 millones del nuevo mecanismo REpowerEU y los casi 70.000 millones correspondientes al propio Plan de Recuperación, de los que Ejecutivo asegura que ya ha canalizado 31.000 millones entre las comunidades.

Con todos estos recursos, el Gobierno pretende dar el último estirón a su agenda social, tras quedarse sin tiempo por el adelanto electoral, gracias a que ha concentrado el maná reformista en apuntalar sus inversiones y reformas sociales, con el objetivo de que el Ejecutivo que salga de la urnas tenga poca capacidad de maniobra para redistribuir estos fondos al haberse enviado ya a Bruselas las solicitudes correspondientes que, hasta el momento, ha puesto pocas trabas a su autorización.

Por ello, Calviño ha reimpulsado su estrategia distributiva y ha centrado principalmente el reparto de los fondos en los Perte bajo su control y en los relacionados con las renovables. Así, el del hidrógeno verde, el de digitalización del ciclo del agua y el del chip son los tres proyectos estratégicos más reforzados en la adenda, con 4.000 millones más en subvenciones de un total de 7.650 millones adicionales. Adicionalmente, se pondrán en marcha tres fondos de cohesión social: un Fondo de Impacto Social, dotado con 400 millones; el Fondo RED, dotado con 3.000 millones, vinculado a la reforma laboral como complemento al Mecanismo RED; y el Fondo de Reforma de la Inclusión Social, dotado con 2.530 millones, con la que pretende cerrar la agenda social de la legislatura.

El programa REpower, que está orientado a acelerar la transición energética y el de descarbonización de la industria, se llevarán 3.000 millones y el Perte Chip, unos 12.000 millones de euros. La vicepresidenta también pretende cargar dos nuevos fondos con 6.250 millones adicionales para aplicar rebajas fiscales en inversiones verdes –2.250 millones en incentivos a empresas y hogares– y en vivienda social –con 4.000 millones a través del ICO–.

Según explicita la adenda, los préstamos se canalizarán a través de tres instrumentos financieros. El primero de ellos será un fondo de 20.000 millones que se destinará a proyectos públicos promovidos por los Ejecutivos regionales y a financiar inversiones públicas en ámbitos como la vivienda social y asequible y la regeneración urbana; el transporte sostenible; el turismo sostenible; la economía de los cuidados; y la gestión de aguas y residuos y en la transición energética. El segundo instrumento se centrará en el ICO, que pondrá en marcha dos líneas de financiación verde de 22.500 millones, y el tercero distribuirá el dinero entre 12 fondos destinados al tejido productivo y proyectos regionales, que movilizarán más de 14.000 millones.

Calviño justificó el adelanto de este nuevo plan de fondos UE «por responsabilidad. La adenda va a proporcionar una red de seguridad a esta inversión».