El Gobierno ha ligado su futuro a que en el mes de febrero ponga sobre la mesa del Congreso de los Diputados los tres ejes sobre los que debe girar la suerte de este Gobierno: la presentación de los Presupuestos Generales del Estado –después de haber presentado ayer el techo de gasto, la senda de estabilidad y el cuadro macro–, la reforma del modelo de financiación autonómica –que deberá aprobarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y rubricado a continuación en el Consejo de Ministros para tramitarse posteriormente en el Congreso–, y la controvertida condonación de la deuda autonómica –que tiene previsto desahogar a las comunidades 84.000 millones de su deuda con el Estado–. Ninguna de las tres votaciones tiene asegurado el éxito, pero fuentes del Ejecutivo mantienen que la legislatura «continuará hasta el año 2027, pase lo que pase», porque aseguran siempre tienen el comodín de presentar las mismas cuentas públicas prorrogadas si sufren otra derrota parlamentaria.

Con esta «tranquilidad», el Consejo de Ministros dio ayer luz verde tanto al futuro techo de gasto como a la nueva senda de estabilidad–que todavía tiene que ser aprobada la próxima semana por un Congreso en plena parálisis parlamentaria del Gobierno– y el cuadro macro. En concreto, ha aprobado un techo de gasto nacional de 212.026 millones, que serían 216.177 millones de euros incluido el aporte de los fondos del Plan de Recuperación, la cifra más alta presentada hasta ahora por un Ejecutivo español. Unas cuentas que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó como «expansivos y responsables».

Junto con el techo de gasto, el Gobierno ha aprobado la senda fiscal hasta el año 2028, que prevé reducir el déficit del conjunto de Administraciones Públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Para las comunidades autónomas, el déficit máximo será del 0,1% del PIB de forma anual hasta 2029, mientras que para los ayuntamientos se ha marcado la estabilidad presupuestaria. La consolidación fiscal recaerá en la Administración General del Estado –el objetivo será del 1,8% para 2026, frente al 2,2% del año 2025–. En el caso de la Seguridad Social, Hacienda prevé que el déficit se sitúe en el 0,2% en 2026 y 2027 y que baje al 0,1% en 2028.

En cuanto a la deuda pública, el Gobierno ha aprobado un objetivo para las Administraciones Públicas del 100,9% del PIB en 2026, el 100% en el 2027 y el 99,1% en el 2028. «Vamos a seguir reduciendo el pasivo de nuestro país, algo que llevamos haciendo con éxito los últimos años, tras haber alcanzado la deuda pública a su pico máximo durante la pandemia», destacó Montero, aunque su importe nominal continúa creciendo y ha superado ya los 1,7 billones de euros, récord histórico.

El Gobierno también ha actualizado el cuadro macroeconómico –llamado ahora cuadro económico–, que contempla una revisión al alza del PIB para 2025 de dos décimas, hasta el 2,9%, y el mantenimiento de la proyección para 2026 en el 2,2% y una décima menos tanto para 2027 y 2028. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende que esta mejora se ha realizado «porque España mantiene un crecimiento dinámico y resiliente, gracias también, a un modelo de crecimiento que se basa, sobre todo, en su carácter equilibrado», pero lo hace pese a las advertencias sobre el complejo contexto internacional y de una situación de desaceleración general de los principales socios dentro de la Unión Europea, que frenarían el impulso en el corto plazo.

En materia de empleo, el cuadro macro tampoco recoge estas advertencias y mantiene el optimismo, al recoger un incremento de la ocupación del 2,8% para este año, cinco décimas más que en 2024; para caer al 2,1% para 2026 y al 1,9% tanto para 2027 como para 2028. Para la tasa de paro se ha proyectado que bajará al 10,5% este año, ocho décimas por debajo del registro de 2024; caerá al 9,9% en 2026, al 9,5% en 2027 y al 9% en 2028. Asimismo, el Gobierno prevé que el mercado de trabajo crezca en 450.000 ocupados al año hasta 2028, con una reducción del paro hasta el entorno del 9%, para superar los 24 millones de trabajadores en 2028.

Este cuadro macroeconómico ha presentado como novedad la evolución de tres indicadores de pobreza y desigualdad. El Gobierno pretende demostrar, que el crecimiento de la economía «sí se está traduciendo en una mejora del día a día» de los ciudadanos. Por ello ha incluido previsiones de la tasa de riesgo de pobreza, la brecha entre el 20% más rico y el 20% más pobre, y el índice Gini, que mide el nivel de desigualdad. Cuerpo ha defendido que la tasa de riesgo de pobreza ha caído ocho puntos desde 2018 y está en su nivel más bajo desde 2007, con lo que «se ha cerrado un tercio de la brecha con respecto a la media de la zona del euro».

Respecto a la desigualdad, el ministro de Economía ha señalado que España es el país de la zona euro donde más ha caído y ha asegurado que la brecha con la eurozona se ha reducido un 40% y que se espera una reducción similar en el horizonte de previsión.

Sin embargo, las cifras le contradicen. El 26% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale a unos 12,5 millones de personas, incluida la población con empleo. Aunque las cifras han mejorado ligeramente en comparación con años anteriores, la pobreza infantil sigue siendo un problema significativo, con una tasa superior al 34%, la más alta de la UE. Además, la renta real disponible de los hogares está prácticamente congelada desde 2010, mientras que en la UE se ha incrementado de media un 20%