Las energéticas pierden 4.400 millones tras la posible bajada de la luz y el gas

La medida supondrá un abaratamiento en las facturas de los consumidores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha encontrado una grieta en el acorazado sector energético para reducir las abultadas facturas de luz y de gas sin tocar los impuestos. La nueva propuesta consiste en un recorte en la retribución que reciben las empresas por la distribución eléctrica y del gas. Así, las ganancias que perciben las empresas energéticas por la distribución de electricidad quedará fijada en 5.455 millones de euros al año, un 7% menos respecto a las cifras actuales; la de transporte de electricidad en 1.656 millones de euros (-8,2%); la distribución de gas en 1.420 millones de euros al año (-17,8%); y la de transporte de gas y regasificación en 1.186 millones, un 21,8% menos.

La carga económica que asumirán los consumidores cada vez que les llegue la factura de la luz se verá aligerada gracias a este conjunto de medidas. El nuevo criterio pretende definir un marco regulatorio «estable y riguroso» que permitirá una rebaja de los peajes que pagan los consumidores a través de la factura de la luz, al mismo tiempo que garantizará una rentabilidad «razonable» para las empresas reguladas, asegura la CNMC.

De esta manera, la reguladora asume las competencias atribuidas por el derecho comunitario en materia de gas natural y electricidad, tras la aprobación por parte del Gobierno del real decreto ley el pasado mes de enero, gracias al cual pueden emitir circulares normativas. Estos siete proyectos de Circulares adicionales serán sometidos a consulta pública por Competencia, con un periodo de alegaciones que se extenderá hasta el 9 de agosto, con el fin de que entren en vigor el 1 de enero de 2020.

La normativa será aplicable durante el próximo periodo regulatorio, de 2020 a 2015 para la electricidad y de 2021 a 2026 para el gas. Se trata de la primera vez que se establece una metodología para la retribución del Operador del Sistema, prevista inicialmente en la Ley 24/2013. Esta decisión es consecuente con la necesidad de «dar transparencia y seguridad» a operadores y consumidores, destaca Competencia.

A partir de ahora, estas retribuciones a la electricidad y el gas estarán condicionadas por una fórmula matemática que calcula dichas ganancias en función del coste medio ponderado de capital (WACC, por su siglas en inglés). Este criterio técnico minimiza la incertidumbre regulatoria dando respuesta al sistema aplicado durante los últimos seis años que estaba otorgando rentabilidades «excesivas», explica la CNMC. En el caso de la electricidad, al seguir creciendo significativamente la inversión, la bajada es menor que en el gas, donde dice que «no se prevén niveles de inversión importantes». Por el contrario, las retribuciones para el gestor técnico del sistema gasista, Enagás, y para el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), se elevan un 7,9% y un 21,6%, respectivamente.

Las reacciones no han tardado en llegar. Un total de once asociaciones industriales aplaudieron la propuesta al considerar que es «razonable» que se revisen las retribuciones a las redes de gas, con el fin de armonizarlas con la situación real y equipararlas con el resto de Europa. Las industrias estiman pagar actualmente un 45% más en peajes en comparación con su homólogos europeos, lo que lastra su competitividad. Esta medida supondrá un «alivio en los costes», según señalan las asociaciones en un comunicado.

Sin embargo, no todo son halagos. En los últimos dos días, las cinco grandes eléctricas y gasistas españolas –Enagás, Red Eléctrica, Naturgy, Endesa e Iberdrola– perdieron más de 4.400 millones en Bolsa Además, según los analistas del Banco Sabadell, las pérdidas por la rebaja en la retribución alcanzarán los más de 1.000 millones de euros, siendo Naturgy, Enagás y Endesa las más afectadas. Red Eléctrica y Naturgy utilizarán la fase de alegaciones y las empresas gasistas afectadas se plantean llevar al organismo regulador a los tribunales si el recorte llega a materializarse, al considerar que la menor retribución supondría una reducción en la atracción de la inversión necesaria para la transición energética.