Revolución fiscal para que los gigantes digitales paguen más impuestos

La OCDE propone actualizar la legislación internacional para gravar más a los gigantes digitales y que paguen parte de sus impuestos en los países donde operan, aunque no tengan presencia física

La “insumisión” impositiva de las grandes compañías tecnológicas y digitales parece que puede tener los días contados. La mayoría de gobiernos llevan años intentando atar con el lazo impositivo a estos escurridizos gigantes, pero en la mayoría de los casos las soluciones han sido ineficaces. Ahora, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propone una revolución fiscal de carácter “general e internacional” que permita gravar a los gigantes digitales. En concreto presentará “una propuesta unificada” dirigida a todos los gobiernos integrados en su organización para acometer una reforma histórica -y pendiente desde hace más de una década-, que abarque “de una vez por todas” el cambio de las normas y principios fiscales que han regulado las relaciones comerciales internacionales durante el último siglo, claramente obsoleto ante las nuevas fórmulas del comercio internacional. La intención es adaptarse al nuevo y cambiante panorama comercial y crear una nueva legislación que ofrezca seguridad jurídica y un mayor margen de actuación a los gobiernos para gravar las actividades de gigantes tecnológicos como Google, Apple, Alibaba, Facebook, Twitter o Amazon. El objetivo final no es otro que lograr que las compañías que operan en la red paguen sus impuestos en los mercados donde actúan comercialmente y generan parte de sus beneficios. “Las empresas pagarán su parte justa allí donde tengan actividades y donde obtengan beneficios. Los países que actualmente no pueden gravar a los gigantes digitales podrán hacerlo”, subraya el documento presentado ayer.

Con él, la OCDE quiere abordar los retos jurídicos que la digitalización de la economía ha planteado durante los últimos años y “garantizar nuevos derechos impositivos a países donde los usuarios tienen acceso a modelos de negocio altamente digitalizados”.

En el caso de España, cuatro de los gigantes digitales más importantes del mundo (Google, Apple, Facebook y Amazon) desembolsaron en la arcas públicas en 2018 únicamente 24 millones de euros, cuando su facturación se cuenta por miles de millones.

El gobierno español ya ha marcado en su hoja de ruta gravar a este tipo de sociedades, a través de la denominada tasa Google, adelantándose incluso a la Unión Europea, que ya había anunciado que la pondría en marcha. Una veintena de las primeras economías mundiales y emergentes ya se han marcado aprobar esta reforma fiscal común para el próximo año.

Ahora la OCDE, asume la tarea de reformar la fiscalidad internacional -como ya le pidió el G-20 en su última reunión- y, por ello, someterá a consulta pública su propuesta durante el próximo mes de noviembre. Su objetivo es alcanzar algún de acuerdo para principios del año que viene. "Este plan reúne elementos comunes de las propuestas existentes, que involucran a más de 130 países, con aportaciones de gobiernos, empresas y la sociedad civil y nos acerca al objetivo final de garantizar que todas las multinacionales paguen su parte justa", ha indicado el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, durante la presentación de la propuesta en París, recogido por EP.

En este sentido, el mexicano ha advertido de que si no se llega a un acuerdo al respecto en 2020, "aumentaría en gran medida el riesgo de que los países actúen unilateralmente", con consecuencias negativas para la economía global. "No debemos permitir que eso suceda ", apostilló.

Con la legislación internacional vigente en la mayoría de países, una empresa que no tiene residencia fiscal en el país que opera no está sujeta a que se graven sus ganancias comerciales. Únicamente puede exigirse el pago de mayores impuestos si tiene un establecimiento permanente en una jurisdicción. Por ello, las nuevas tecnologías y el nuevo orden del comercio digital han transgredido estas normas -reconocidas internacionalmente desde los años veinte del pasado siglo- y distorsionado la aplicación general de estas reglas comunes, ya que las empresas pueden realizar negocios y facturar miles de millones sin tener sedes físicas en los países que operan.

La propuesta que planteará la OCDE contempla que cada uno de los gobiernos y las multinacionales tengan capacidad para utilizar nuevos mecanismos legales de prevención y resolución de conflictos que sean legalmente vinculantes y efectivos.