El PP planea una reforma legal para que los VTC convivan con el taxi

Prepara una enmienda al decreto de Ábalos y no descarta recurrir al Tribunal Constitucional. "Es la administración competente para regular el sector", afirma.

Lejos de solucionarlo, el decreto-ley aprobado por el Ministerio de Fomento para, presuntamente, resolver el conflicto entre el taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC) lo ha exacerbado. En Cataluña, la regulación de la Generalitat ha provocado el cese de actividad de Uber y Cabify y de las compañías de VTC que trabajaban con ambas aplicaciones. En Madrid, el taxi sigue en pie de guerra –aunque sin huelga– ante la negativa del Gobierno regional a regular según sus condiciones. Y en la Comunidad Valenciana, el Ejecutivo autonómico ha anunciado que prepara una normativa que no satisface ni al taxi ni a los VTC. Ante tal desbarajuste, el PP considera que el único modo de recuperar el control de la situación es que el Estado vuelva a asumir las competencias en la materia. Y eso va a intentar. Fuentes populares en el Congreso aseguran que una de las enmiendas que presentarán al decreto de Ábalos, que se está tramitando como proyecto de ley, irá dirigida en este sentido. «Entendemos que es la administración competente para regular el sector», explican.

El PP es consciente de que sacar adelante la enmienda no será sencillo. La aritmética parlamentaria obliga a todos los partidos a forjar pactos para aprobar cualquier medida. Los populares, aunque son el grupo más nutrido en la cámara (134) necesitan también de estas alianzas que ahora resultan complicadas. La suma con el partido que podría estar más cerca de sus postulados, Ciudadanos (32), no le alcanza para sacarlas adelante. Y el apoyo de los nacionalistas se antoja complicado, tanto por la actual coyuntura nacional, con el juicio del «procés» a la vuelta de la esquina, como por la idiosincrasia del conflicto de los VTC. «Es difícil imaginar que los nacionalistas quieran soltar estas competencias ahora que las tienen», reconocen. El único asunto que podrían estar dispuestos a negociar es el de que el Estado asuma a través del decreto cualquier indemnización que pueda derivarse de legislar la materia.

La decisión de Ábalos de descentralizar las competencias de los VTC siempre fue mal recibida por el PP. Todos sus gobiernos autonómicos manifestaron desde que conocieron las intenciones de Fomento su rechazo por considerar que lo único que hacía el ministerio era «pasar la patata caliente» a las comunidades. El Gobierno, sin embargo, defiende que las administraciones regionales y locales son las más competentes para legislar sobre la materia. Argumenta que el conflicto entre el taxi y los VTC afecta al transporte urbano y que no es de recibo que el Estado regule cuestiones municipales. Los ayuntamientos, concluyen, conocen mejor el asunto y lo pueden regular mejor.

Aunque los populares votaron en contra de la convalidación del decreto en el Congreso el pasado mes de octubre, sí que se decantaron a favor de que se tramitase como proyecto de ley para poder introducir enmiendas con las que cambiarlo. Consideran que, en este momento, se trata de la forma más adecuada de corregirlo. La otra vía para haberlo intervenido habría sido recurrirlo ante el Tribunal Constitucional a través de 50 de sus diputados, pero se desestimó por considerar más útil el trámite de enmiendas, explican estas fuentes. No obstante, la opción sigue encima de la mesa si llegara el caso y el asunto se estancase, advierten.

Quede como quede el decreto de Ábalos, el PP considera que la legislación ahora existente no es suficiente para abordar la espinosa cuestión de los VTC y el taxi. El partido de Pablo Casado tiene entre sus planes la reforma de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre de 1987. Su objetivo es lograr una normativa que permita que ambos modelos coexistan en igualdad de condiciones, explican estas fuentes. Se trata, de momento, de una idea auspiciada por el propio Casado pero que está pendiente de un posterior desarrollo.