Las empresas ya no se fían de las consecuencias que puede tener afrontar un mal negocio. Por ello, al amparo de la reforma concursal de 2022, unida a otros factores y derivaciones intrínsecas con la debilidad de la actividad económica y la incertidumbre geopolítica, se ha podido propiciar «un cambio de tendencia concursal muy evidente». Lo constata el Registro de los Economistas Forenses (Refor) del Consejo General de Economistas (CGE), que muestra que los concursos de acreedores sin masa –aquellos en los que no existen activos o bienes para hacer frente a las deudas generadas– se han disparado un 93% en el primer trimestre del año, hasta los 12.889 casos, confirmando la tendencia creciente durante los tres últimos ejercicios fiscales.

Señala la Refor que este incremento, que prácticamente duplica los 6.679 del mismo periodo de 2024, «evidencia debilidades estructurales en los mecanismos de prevención de crisis empresariales». Este órgano especializado en materia de insolvencias resalta que el peso concursal en España descansa en personas físicas y autónomos, con una tendencia alcista «especialmente acusada» en este primer trimestre de 2025 respecto del mismo periodo de 2024, en el que se ha producido un incremento de 114,13% en personas físicas y de cerca del 60% entre los autónomos.

Si se hace una comparativa previa a las crisis pandémica –con datos comparados con el primer trimestre de 2019–, los concursos de personas físicas se han multiplicado por 24, al pasar de 501 a 12.032; y los de autónomos, casi por 20, tras alcanzar los 1.686 frente a los 87 de 2019. En contraposición, los concursos de sociedades se han multiplican solo por casi 1,6, pasando de 1.060 a 1.666. Por tanto, los concursos sin masa tienen un impacto especialmente negativo en las pequeñas y medianas empresas, que son «más vulnerables a crisis de liquidez y a cambios repentinos en su entorno económico». Así, los economistas del CGE advierten que cuando una pyme entra en concurso sin masa «se evidencia que ha llegado a un punto de insolvencia tan extremo que ni siquiera puede costear los gastos básicos del procedimiento judicial, lo que implica una liquidación prácticamente automática y sin posibilidad de reestructuración».

Esto demuestra que este tipo de concursos suelen derivarse de situaciones de «extrema insolvencia» entre los negocios más débiles y con menos peso específico, pese a lo cual tiene un impacto directo en la economía, ya que «no sólo impide a los acreedores recuperar su dinero, sino que también deja sin mecanismos efectivos de segunda oportunidad al deudor, pues terminan en liquidación».

El continuo aumento de este tipo de concursos sin masa ha supuesto ya que en el primer trimestre de 2025 casi el 84% de los concursos sean de esta tipología. Al hilo de esta situación creciente, los expertos de la Refor advierten de que la proliferación de concursos sin masa puede «saturar los juzgados y evidenciar debilidades estructurales en los mecanismos de prevención y gestión de crisis empresariales, obligando a repensar políticas de reestructuración temprana y acceso a financiación para evitar que empresas viables lleguen a situaciones tan críticas».

Una situación que podría ir a más, ya que las insolvencias podrían aumentar hasta un 6% en 2025 a nivel global debido a los efectos de la guerra comercial tras el anuncio de los nuevos aranceles por parte de la Administración estadounidense. En el caso de la Unión Europea, podrían crecer entre el 1% y el 5% este año, en función del impacto arancelario, que puede provocar precios más altos, subida de la inflación, caída de la demanda y mayor riesgo de crédito. En España, ese porcentaje puede estar incluso por encima, según proyecta un estudio de Crédito y Caución, por la reversión de las medidas de apoyo gubernamentales ante las últimas crisis.

El peligro de la reducción de jornada

Las patronales empresariales advierten de que los concursos y las insolvencias irán a más si se aprueba la reducción de jornada de Yolanda Díaz porque «compromete la viabilidad de muchas empresas y pone en riesgo el empleo y el crecimiento económico». España ocupa la posición 14 de la UE en PIB per cápita y una productividad muy por debajo, que unida a niveles de absentismo que alcanzan hasta el 10% en algunas empresas y que han aumentado sus costes un 78,5% desde 2019 hace que afrontar cualquier incremento de costes les coloque al borde del cierre, situación que se verá agravada por la incapacidad de abordar la reducción de jornada.