El Estado entregará más recursos a las comunidades autónomas para que construyan más vivienda pública de protección oficial, pero a condición de que las promociones que se desarrollen con estos fondos queden blindadas a perpetuidad con esta condición.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado a los presidentes de las autonomías una misiva en la que les informa de que el Gobierno propondrá en la conferencia de presidentes elevar los fondos del Plan Estatal de Vivienda que arrancará el 1 de enero de 2026 hasta los 4.000 millones. Los recursos de este plan, que en el que vence el próximo 31 de diciembre ascendían a 1.700 millones de euros, se reparten entre las comunidades para promover políticas de vivienda pública. Pero la novedad para el próximo programa no sería sólo que el Estado se propone más que duplicar estos recursos sino que va a condicionar su entrega a que las viviendas que se promuevan empleando estos fondos queden blindadas como viviendas públicas protegidas de por vida, tanto si se destinan a alquiler como a compraventa, en cuyo caso no podrían ser vendidas después a precios de mercado.

Aunque las competencias de vivienda recaen en las comunidades autónomas, fuentes gubernamentales han explicado que existen instrumentos legales que les permiten ligar la entrega de estos fondos estatales al blindaje de los proyectos que se van a promover de forma individualizada. Incluso, aclaran, si la comunidad autónoma en la que se van a levantar esas viviendas no tenga estipulado ese blindaje para vivienda pública como ocurre en autonomías como Baleares o el País Vasco.

Con este movimiento, el Gobierno sortearía las reticencias de los gobiernos autonómicos del PP a establecer esta protección de por vida a este tipo de viviendas y lograría así su objetivo de blindar este parque aunque sea por una especie de puerta de atrás.

Para que estos fondos tengan un mayor efecto, desde el Gobierno piden a las comunidades que aumenten su participación en el plan desde el 25% actual hasta al menos un 40%, con lo que los fondos públicos totales podrían ascender hasta cerca de 7.000 millones de euros.

Propuesta "blanca"

Aunque la propuesta del Ejecutivo elevaría de forma más que notable los fondos de los planes estatales para vivienda, las fuentes han explicado que no tienen aún una estimación aproximada de cuántas viviendas se podrían levantar o rehabilitar porque hay que esperar a ver cuánto dinero están dispuestas a aportar las autonomías y lo que se destina a cada actuación.

Desde el Gobierno, que asegura que, históricamente, siempre ha habido consenso con las autonomías para la conformación de los planes estatales de vivienda, esperan que se pueda llegar a un acuerdo y que las regiones aporten más fondos para tener más recursos y poder llegar a más personas. Se trata, han dicho, de propuestas bastante blancas.

Junto al incremento de fondos para promover vivienda protegida, el Gobierno pretende impulsar el intercambio de datos entre las comunidades autónomas y el Gobierno para disponer de datos precios del mercado inmobiliario con los que conformar las políticas de cara a futuro, dado que en su opinión, los actuales son bastante imperfectos y no trasladan la realidad del sector.