El Gobierno desbloquea la actualización de la financiación autonómica y municipal en pleno incendio político

El Gobierno va a actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y municipal. Así lo ha confirmado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que llevará mañana al Consejo de Ministros el decreto ley en el que se actualizarán las cantidades que se les adeudan desde hace medio año, tres meses después de que las Administraciones territoriales exigieran que se hiciera efectiva esta actualización y en plena vorágine dentro del Ejecutivo por el informe de la UCO, que parece haber cambiado los tiempos de actuación del presidente, Pedro Sánchez, que abre el grifo del dinero para intentar sofocar los incendios que proliferan a su alrededor.

Este anuncio se produce apenas 10 días después de la celebración de la Conferencia de Presidentes en Barcelona, en la que las autonomías gobernadas por el PP exigieron el pago 20.000 millones de euros adicionales que se adeudan a las regiones, que se suman a otros 5.000 millones reclamados por las entidades locales, para hacer un total de 25.000 millones. De momento, la actualización de estas entregas a cuenta de 2024 tienen un valor de 11.000 millones de euros, pendientes desde hace seis meses y ha provocado problemas de caja en algunas regiones, como la Comunidad Valenciana.

Unas cantidades que han estado paralizadas por dos razones principales: por la prórroga de los Presupuestos Generales de 2023, que ha impedido a Hacienda realizar el cálculo de las entregas a cuenta de los dos últimos ejercicios, 2024 y el presente 2025, y por la caída del decreto ómnibus en el Congreso, que fue rechazado por los votos en contra de PP, Junts y Vox. Pero la mala posición del Gobierno por los escándalos que le rodean y las exigencias cada más elevadas de los gobiernos autonómicos han forzado a Montero ha reactivar estos pagos. En declaraciones en RNE, confirmó la presentación del real decreto y aprovechó para volver a cargar contra el PP "por votar en contra de aquel decreto y a continuación reprochar al Gobierno no haberlo aprobado".

El PP justificó su negativa a que ese decreto ómnibus incluía medidas "incompatibles" con su posicionamiento. "Vamos a llevarlo al Consejo de Ministros a ver si ahora cambian de opinión y cogen oxígeno a comunidades autónomas y ayuntamientos del PP que necesitan esos recursos y que por el simple hecho de intentar hacer una derrota parlamentaria, no vieron la luz", afeó Montero al PP ayer en RNE. También aseguró que esta medida sirve de justificación al presidente del Gobierno para defender que no habrá adelanto electoral. "Nos sobran los motivos para agotar la legislatura, para continuar el proceso de transformación que está haciendo este Gobierno. Tenemos muchas tareas pendientes". Entre ellas, recuperar la confianza de sus socios y aprovechar las necesidades financieras de las regiones.

Con esta medida, el PSOE intenta renovar apoyos y volver estrechar lazos con sus socios de investidura y de legislatura, sobre todo con los independentistas, e intentar el acercamiento a algunas de las autonomías y ayuntamientos populares, necesitados de fondos. La idea del Gobierno es cerrar filas con los limitados representantes regionales y municipales de la izquierda que aún posee y sellar con los secesionistas catalanes y vascos un pacto que les garantice una importante cesión de recursos financieros con la tramitación de este decreto para intentar prolongar la legislatura hasta su aprobación definitiva.

Este anuncio de Montero se ha producido en un momento muy complicado dentro de la coalición, con voces críticas desde Sumar, con varios barones y alcaldes socialistas pidiendo un adelanto electoral, y con los partidos independentistas catalanes con prisas para cerrar un acuerdo definitivo, tras pactar con la Generalitat el pago de 560 millones de euros a los municipios catalanes, y pese a las críticas desde ERC por el retraso en cumplir con los acuerdos firmados.