El Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez aprobó en el Consejo de Ministros del 18 de febrero un cambio de normativa, que pasó inadvertida, y que permite de facto a la Seguridad Social (SS) presentar beneficios ficticios. Las cuentas de la SS arrojan en los dos primeros meses del año –no hay datos detallados posteriores– unos números negros de 2.698 millones de euros, según las últimas cifras ofrecidas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). La realidad, es que la Seguridad Social cerró febrero con un déficit real de 4.678 millones de euros.

Pero los datos del mismo periodo del año anterior también son irreales. Presentan unas pérdidas teóricas de 211 millones, pero en realidad habrían sido 4.646 millones, apenas 32 millones menos que este ejercicio. Todo responde a un ejercicio de enjuague gracias a la contabilidad creativa para tratar de impedir que la Comisión Europea obligue a aplicar la llamada «cláusula de cierre», que significaría tener que hacer ajustes sobre todo en las pensiones, ya sea con mayores ingresos –es decir, elevar las cotizaciones aún más–o reducciones de gasto –sobre todo en prestaciones–, algo que parece impensable.

La «cláusula de cierre» fue el compromiso al que tuvo que llegar José Luis Escrivá, entonces ministro de Seguridad Social, para que las autoridades comunitarias aceptaran la indexación de las pensiones, lo que sería la revisión de acuerdo con el IPC todos los años. España se comprometía a que el aumento de los ingresos fuera siempre superior al de los gastos. La Comisión Europea tiene ahora que cotejar los datos de España, incluido un informe de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), y tomar una decisión en su caso.

La magia contable que se sacó al día siguiente el Gobierno de la manga con el real decreto del 19 de febrero, publicado en el BOE, es simple. Consiste en convertir las denominadas «transferencias» del Estado a la Seguridad Social en ingresos regulares. Estas «transferencias», por definición de la contabilidad pública, son entregas de dinero sin contraprestación, es decir, a cambio de nada, y es muy difícil, que puedan ser consideradas, en una contabilidad ortodoxa, como ingresos.

La Seguridad Social, que depende de la ministra Elma Saiz, ya cerró con este procedimiento atípico las cuentas de 2023, aunque ahora se ha convertido en norma. El año pasado, arrojó un déficit de 8.552 millones de euros. Sin embargo, para contemplar una radiografía exacta de las cuentas, a esa cantidad habría que sumar los 43.044 millones que recibió como «transferencias» del Estado, es decir, unos números rojos de 51.596 millones de euros. Ahora, el Gobierno, ha convertido en norma ese procedimiento más que atípico y, claro, la Seguridad Social ha podido presentar resultados –ficticios– positivos en los meses de enero y febrero y terminar los dos primeros meses del año con esos «beneficios» de 2.698 millones que, en la práctica, es un déficit de 4.678 millones. En marzo, el superávit ficticio fue de 2.913 millones, que se convertirá en déficit cuando se conozcan los detalles del importe de las transferencias de Estado.

El gasto en pensiones, mientras tanto, alcanza récords históricos mes tras mes. En abril, por ejemplo, llegó a los 13.515,2 millones de euros, lo que proyecta un gasto anual que superará los 190.000 millones de euros y rozará –si no es que lo supera– los 200.000 millones por primera vez en la historia. Dependerá del ritmo de incorporación de nuevos pensionistas al sistema, una cifra que también va en aumento porque ya empiezan a llegar a la edad de jubilación las primeras cohortes de población del «baby boomer». Las cuentas de la SS, por tanto, son deficitarias crónicas y lo serán si cambia el sistema. Son deficitarias en cuanto que los ingresos ordinarios –las cotizaciones de trabajadores y empresarios– no son suficientes para cubrir los gastos, el principal de ellos, las pensiones.

No obstante, aunque son muy minoritarios, hay expertos que defienden la contribución de los impuestos al mantenimiento del sistema de pensiones, que es lo que se hace con la trampa de las «transferencias». A pesar de todo, incluso los partidarios de esa fórmula rechazan que se contabilice como lo hace ahora el Gobierno para justificar que no hay déficit o es mínimo.

El Tribunal de Cuentas, que preside Enriqueta Chicano, acaba de presentar su informe sobre la Cuenta General del Estado de 2023. Los datos también son preocupantes. Ese ejercicio la Seguridad Social lo cerró con un patrimonio neto negativo de casi 100.000 millones de euros, 98.526 con exactitud, lo que pone de manifiesto los problemas del sistema. El patrimonio negativo arranca de 2017, cuando fue 13.720,6 millones de números rojos y, desde entonces, no ha dejado de crecer. Están pendientes las cifras de 2024, pero con unos ingresos por cotizaciones de unos 165.000 millones y un gasto en pensiones superior a los que ha rozado los 190.000 millones, los 100.000 millones de patrimonio negativo habrán superado con creces los 100.000 millones.

El Gobierno, a pesar de todo, sigue adelante con su «magia» contable, pero con magia y sin magia, las cuentas de la Seguridad Social son un auténtico agujero negro sin fondo.