El Gobierno mantiene la ley antiopas que protege a Prisa

Hace bien Feijóo en proponer la derogación de la ley antiopas que incomprensiblemente (o quizá muy comprensiblemente) mantiene en vigor el Gobierno del PSOE. La medida se puso en marcha en 2020, en plena pandemia, con la excusa de que las cotizaciones bursátiles de las grandes compañías españolas en sectores estratégicos estaban artificialmente deprimidas y se corría el riesgo de que cayeran en manos de tiburones oportunistas. De ahí que fuera necesario que el Gobierno pudiese vetar la apropiación ventajosa de “nuestras” empresas por parte de “extranjeros”. En realidad, ese riesgo siempre fue una ficción: si las grandes empresas españolas eran tan obviamente valiosas para todo el mundo, su cotización bursátil se habría disparado en medio de pujas competitivas por adquirirlas. Aparte de que no hay razón alguna para preferir que el principal accionista de una empresa del Ibex sea español o alemán.

Pero dadas las muchas tropelías que perpetraron los Estados a lo largo de 2020, uno podría haber considerado esa tropelía concreta como una más y desde luego no la más grave: gobiernos dando tumbos superados por las circunstancias. Pero la ley antiopas se mantuvo en 2021 y en 2022. Y sigue sin haber intención de derogarla en 2023. Es decir, a pesar de que el Ibex 35 ya ha recuperado grosso modo sus niveles prepandemia, el Ejecutivo mantiene un vigor una normativa justificada por la pandemia. Desde luego, fuera cual fuera su objetivo real inicial, su propósito actual ya no tiene nada que ver con el declarado. A día de hoy, la ley antiopas sólo tiene como propósito garantizar la influencia y los tejemanejes del gobierno sobre algunas empresas españolas. Tomemos el caso del Grupo PRISA. Actualmente su capitalización bursátil apenas supera los 250 millones de euros, de modo que podría ser potencialmente opable por cualquier inversor extranjero que acaso también quisiera reorientar ideológicamente la compañía. Sin embargo, y merced a la ley antiopas, el Ejecutivo tiene derecho a vetar arbitrariamente cualquier oferta extranjera de adquisición: es decir, que sólo aquellos inversores que cuenten con el plácet ideológico del PSOE pueden invertir en PRISA, garantizándose así un alineamiento doctrinal-propagandístico entre partido y medio de comunicación. Por eso hace bien Feijóo en proponer derogar una norma que jamás debió ser aprobada: porque si de verdad aspiramos a despolitizar las instituciones (y el propio Ibex 35), urge impedir que el gobierno –sea del signo que sea–tenga voz o voto en la estructura accionarial de nuestras compañías. Cuán mal estará el estado de derecho en España para que el sentido común pre-pandemia (inexistencia de ley antiopas) ya nos parezca una medida cuasi-revolucionaria.