El Gobierno amplía hasta finales de 2022 el blindaje contra opas extranjeras para las empresas estratégicas

El Gobierno no quiere que la debilidad bursátil que arrastran algunas compañías españolas de sectores estratégicos sea aprovechada por inversores extranjeros para tomar su control. Por eso, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto Ley que incluye la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2022 de la suspensión del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras, en determinados sectores, procedentes de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en sociedades no cotizadas, si la inversión es superior a 500 millones de euros. La ampliación de la vigencia de esta medida tiene como objetivo “proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos”, según ha informado el Gobierno.

Con esta medida, el Gobierno debe autorizar las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros. Esta extensión llega apenas unos días después de que una oferta pública de adquisición (OPA) del fondo KKR a Telecom Italia desatara los rumores sobre la posibilidad de un movimiento similar de Telefónica y en un contexto en que la recuperación del Ibex 35 tras la pandemia es menor que la del resto de bolsas europeas. En el caso de la compañía italiana, los analistas consideran de hecho que, de fructificar la operación, KKR se haría con la operadora italiana a precio de derribo.

En virtud de este escudo anti-opa, el Gobierno ha dado en los últimos meses su autorización previa a operaciones como la compra de la operadora vasca Euskaltel por parte de MásMóvil o la OPA del fondo australiano IFM a Naturgy, cuya autorización fue condicionada.

Otras medidas

El decreto aprobado por el Gobierno contempla, asimismo, que se mantendrán vigentes hasta el 30 de junio de 2022 los fondos de recapitalización de empresas gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Cofides. El Ejecutivo también ha ampliado hasta el 31 de julio de 2022 la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para autónomos y empresas que han garantizado, hasta el 18 de noviembre, 1,13 millones de operaciones y desplegado avales por 101.945 millones de euros, lo que ha permitido movilizar inversiones por 133.975 millones de euros en financiación a empresas. Según el Gobierno, se trata de una de las líneas de ayuda más utilizadas de la Unión Europea, ya que también ha movilizado casi 2.000 millones de euros de inversión en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

El Gobierno también ha ampliado hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de reintegro por parte de las comunidades autónomas de los fondos no ejecutados de la Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas, con el objetivo de que las comunidades puedan resolver los recursos de convocatorias ya cerradas.

En el plano concursal, se amplía al ejercicio 2021 la medida excepcional establecida en la Ley 3/2020 de exclusión de los resultados a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas, mientras que se extiende también hasta el 30 de junio de 2022 la protección para los deudores en situación de insolvencia. Esta protección les exime de tener que pedir el concurso de acreedores, así como retira a sus acreedores la facultad de solicitarlo con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo y dispongan de un margen adicional para restablecer su equilibrio patrimonial. Estas últimas dos medidas se encuadran en la reforma del marco concursal en la que se busca potenciar la segunda oportunidad para el empresario que sea persona física