Las últimas cesiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al País Vasco y Cataluña en relación con la Seguridad Social han disparado todas las alarmas entre los altos funcionarios –ya de por sí soliviantados tras el acuerdo de financiación singular con la Generalitat catalana– tras las cuatro nuevas transferencias, entre ellas algunas materias del primer bloque de la gestión de la Seguridad Social –como varias prestaciones no contributivas–, así como la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar, que conlleva –como en el caso de la Agencia Tributaria– el traspaso de los medios materiales y personal. Aunque desde el Gobierno defienden que el traspaso «respeta el modelo unitario y la caja única del sistema de Seguridad Social», los altos funcionarios no se lo creen, y acusan a Pedro Sánchez de «quebrar el principio de igualdad de los ciudadanos españoles ante la Ley y el propio Estado».

Fedeca, la federación que agrupa a todas las asociaciones de altos funcionarios, ha cargado contra el Gobierno de coalición PSOE-Sumar por incumplir la garantía de «igualdad territorial y de oportunidades bajo una misma supervisión y control», y por no «salvaguardar el principio de solidaridad». Según explican a LA RAZÓN, «la solución de los problemas actuales de los servicios públicos que reciben los ciudadanos no pasa por la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, sino por la reordenación y la dotación adecuada, bajo el paraguas del Estado, para garantizar la igualdad sin depender de coyunturas políticas ni de intereses territoriales o partidistas». Además, advierten al Ejecutivo de que la transferencia de las competencias «iría contra la doctrina del Tribunal Constitucional, que ya ha advertido reiteradamente de que la titularidad es «única y estatal. Con la normativa en la mano, una cesión territorial de su gestión supondría la ruptura del principio de solidaridad y, de facto, de la caja única del sistema, a pesar de que las partes manifiesten lo contrario públicamente».

Respecto a las repercusiones fiscales, insisten en que el modelo que representa los recientes acuerdos del Gobierno «no está regulado en la Constitución y vulnera principios fundamentales de la Carta Magna». Rechazan frontalmente la cesión territorial tanto de competencias de la Seguridad Social como de recaudación de impuestos. En el segundo caso supondría «el fraccionamiento de la Agencia Tributaria, debilitando la lucha contra el fraude y complicando la labor presupuestaria del Estado frente a grandes desembolsos fundamentales –como pensiones, inversiones o despliegue de un ERTE–.

Tampoco se salvan del acoso del Ejecutivo las cesiones en materia de Administración Local, ya que la selección y gestión de funcionarios de habilitación nacional –secretarios, interventores y tesoreros de los ayuntamientos, cuya gestión ha sido cedida igualmente a Cataluña– «deben depender del Estado, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional. La labor de estos funcionarios es fundamental para realizar un control jurídico y económico en ayuntamientos y otras administraciones con independencia, clave para poder garantizar en el Estado el principio de igualdad de los ciudadanos ante la Ley, repeliendo influencias o presiones territoriales interesadas».

Las 49 asociaciones integradas en Fedeca exigen la «reordenación y dotación adecuada, bajo el paraguas del Estado, de los servicios públicos para solucionar sus problemas», en lugar de «la transferencia de competencias a las comunidades autónomas», por motivos «de intereses territoriales y partidistas». Por ello, y para garantizar estos servicios públicos, es prioritaria la defensa de los principios básicos de la Función Pública –de igualdad, mérito y capacidad–. «Necesitamos una defensa prioritaria de los ámbitos amenazados, como la recaudación tributaria y la gestión de cualquier funcionario de Estado».