Justo cuando se ha cumplido el primer aniversario de la tragedia provocada por la dana, las ayudas económicas que el Gobierno de Pedro Sánchez prometió brillan por su ausencia en la mayoría de los hogares afectados. El 82% de las familias que las solicitaron no han recibido compensaciones por los daños materiales sufridos en sus viviendas y enseres, y la mayoría ha sido indemnizada de forma parcial. Pero desde el Gobierno tienen otra visión e insisten en que se han movilizado más de 8.000 millones de euros, como aseguró la ministra de Ciencia, Diana Morant. Una cifra que la web de Moncloa detalla, al reconocer que el Estado ha desembolsado 6.680 millones de euros a lo largo del último año en ayudas a personas, empresas y municipios afectados, un importe que suma 577 millones en actuaciones directas, y 756 en financiación y avales, con los que se ha atendido a 343.283 de las solicitudes recibidas, según la información disponible en la página web de Moncloa.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vanagloriaba esta semana en Bruselas de que el Estado había pagado ya esos 8.000 millones en ayudas, «es decir, de cada cien euros que ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, que hogares, empresas e industrias han recibido de instituciones públicas, el 85% provienen de la Administración General del Estado, del Gobierno de España», pese a que esa cifra es menos de la mitad de la que anunció se iba a poner a disposición de los afectados. Unos datos que no coinciden con la realidad, ya que las ayudas directas se han limitado a 2.851 millones de euros, tan solo un 17% del total. La clave en la disparidad es que no todo el montante se puede considerar «ayuda». El Gobierno suma en esos 8.000 millones las actuaciones los avales y la financiación a afectados, con 756 millones, que no suponen ni un 15% de los 5.000 millones dispuestos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además, las cifras están claramente infladas ya que el Gobierno incluye como ayudas las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que suman 3.761 millones. Eso significa que prácticamente la mitad del dinero que se cuenta como ayudas son, en realidad, indemnizaciones por seguros privados. Según a Generalitat valenciana, la Administración Central habría entregado ayudas directas solo por un valor total de 1.054 millones.

Desde el Gobierno regional denuncian que el Ejecutivo central se ha «apropiado» de las indemnizaciones pagadas por las aseguradoras como si fueran ayudas directas, pero esos 3.760 millones tienen que restarse de los 6.680 millones de euros que el Gobierno dice que ya ha pagado a los afectados». Lo mismo sucede con las indemnizaciones abonadas por Agroseguro. El Gobierno asegura que ya ha abonado 52,3 millones de euros a explotaciones, pero «estas tampoco son ayudas directas del Gobierno», insisten.

Además, los créditos ICO, que suman unos 733 millones de euros, tampoco son ayudas, sino préstamos a devolver y con intereses. En concreto, de estos 733 millones, hasta 400 millones están fuera de las bonificaciones, y por tanto, las empresas tienen que devolver este dinero con los intereses correspondientes. Asimismo, el Gobierno valenciano apunta que del montante total de ayudas abonadas «el Ejecutivo de Pedro Sánchez incluye de forma artificial otros 1.745 millones concedidos a los municipios. Estos fondos no constituyen ayudas, sino que se remite a financiación municipal para obras de reparación de infraestructuras». Los propios ayuntamientos han reconocido que no pueden usar este dinero para las obras de reconstrucción en sus poblaciones «porque carecen de medios técnicos y humanos suficientes para poder licitar y ejecutar este tipo de inversiones».

Así, la Generalitat denuncia que «de la cifra inicial de 7.500 millones de euros que el Gobierno dijo en julio que ya había pagado a colectivos afectados por la dana, y de los 6.680 millones que dice el Gobierno en su web que ha abonado ya en concepto de ayudas, a los 8.000 que dijo el jueves la ministra Morant, se pasa a 1.054 millones de euros, que es la cifra real y concreta de ayudas abonadas hasta el momento por el Ejecutivo de Sánchez, lo que supone un 6,3% del total de los 16.600 millones de euros que dice el Gobierno ha movilizado», apuntan fuentes de la Generalitat.

Respecto a las ayudas aprobadas para las localidades afectadas –1.745 millones a 78 municipios afectados para cubrir las obras necesarias de reconstrucción en sus municipios–, el Ejecutivo autonómico también acusa al Gobierno de «saltarse a la Generalitat valenciana, a la que sigue sin dar ni un euro a fondo perdido y a la que ha obligado a endeudarse de nuevo tras negarse a habilitar el Fondo de Liquidez Autonómico Extraordinario por primera vez en doce años, que habilita la posibilidad de cubrir el déficit superado por la infrafinanciación autonómica».

Han sido numerosos los alcaldes –incluidos socialistas– que han criticado que estas ayudas se han quedado bloqueadas por la lentitud del Estado en aprobar las memorias de los proyectos y por «las pocas facilidades que nos han dado para contratar personal que ayude a agilizar los trámites burocráticos», que en todo caso no son por licitación de emergencia y llevarán años. Fuentes gubernamentales aducen que ya se buscó una solución a estos retrasos, la habilitación de la empresa pública Tragsa, para hacer los trabajos de rehabilitación, pero que se ha demostrado que «no tiene recursos suficientes para afrontar todos los proyectos pendientes pese a que trabaja a destajo», recuerdan los municipios. Por ello, muchos alcaldes rechazaron utilizar sus servicios ante la imposibilidad de obtener una fecha de ejecución de las obras al verse superados por la carga de trabajo.

Las críticas políticas y de la ciudadanía también se han dirigido contra el Plan Reinicia Auto+, por el que el Gobierno ofrecía hasta 10.000 euros para la adquisición de vehículos damnificados, pero esta se dirigía únicamente para vehículos totalmente eléctricos, un desembolso que muchos afectados no han podido afrontar, reduciendo la inversión del Estado. La cantidad media pagada finalmente se ha quedado en 5.174 euros por persona beneficiaria, muy por debajo de los 10.000 euros ofertados para los citados coches eléctricos. El importe final se ha quedado en 199 millones.

Las quejas también han llegado desde la protección del mercado laboral. El plan de respuesta a la dana implicaba la protección de 33.651 trabajadores bajo los ERTE de fuerza mayor y actualmente todavía hay 853 personas que perciben la prestación por desempleo en el ámbito de estos expedientes. Pero aunque el Gobierno se congratula también de los 5.152 ceses de actividad extraordinarios para autónomos, la indignación se ha disparado entre ellos, ya que son miles a quienes no han renovado este cese desde el 30 de enero, a pesar de la promesa de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, de que antes de que acabara el plazo se iban a poner en marcha con efecto retroactivo.

Después de un año desde la tragedia, la realidad es que se ha pagado poco más de un 6% en ayudas directas, los ayuntamientos continúan sin poder afrontar reconstrucciones importantes y la recuperación económica está lejos de afianzarse. CaixaBank Research recuerda que esta recuperación ha sido desigual del consumo y de los comercios, cuyas cifras continúan por debajo de antes de la dana.