La "guerra renovable" entre España y los fondos internacionales se recrudece mientras el Gobierno se niega a pagar

Los fondos internacionales han redoblado en los últimos meses su presión sobre el Gobierno para que ejecute los laudos de renovables ya resueltos por tribunales de diversos países, donde han reclamado compensaciones millonarias por las inversiones realizadas en las últimas décadas.

¿Pero qué ha llevado a los inversores internacionales a presentar hasta 52 arbitrajes por valor de 10.000 millones de euros en distintos organismos internacionales? ¿Cuáles son las razones que sitúan a España, uno de los líderes mundiales en renovables, en una posición que podría desencadenar en el embargo de bienes en algunos países si no se ejecutan los laudos pendientes?

Las famosas primas a las renovables

Para entender la situación actual hay que remontarse al año 2007, cuando el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) puso en marcha un marco retributivo especial con el objetivo de favorecer la implantación de las energías renovables en España.

La norma establecía las conocidas como primas a las renovables, que garantizaban una rentabilidad media cercana al 7 % para determinadas tecnologías, lo que captó la atención de muchos inversores que decidieron apostar por el sector.

Fin de las ayudas

Sin embargo, la medida desbordó las previsiones del Ejecutivo, provocando una avalancha de inversiones en el sector renovable que terminó generando una "burbuja", como reconocería el propio Zapatero años después, aumentando el déficit del sector eléctrico español en plena crisis económica de 2008.

Esto llevó al posterior Gobierno del PP, dirigido por Mariano Rajoy (2011-2018), a aprobar diferentes medidas regulatorias entre 2013 y 2014 que reducían de facto las primas a las renovables, reconociendo a estas instalaciones únicamente una "rentabilidad razonable" durante su vida útil, lo que generó importantes pérdidas para los inversores.

Pese a que el propio Gobierno de Zapatero ya aplicó en 2010 algunos recortes de primas, fueron las reformas estructurales aprobadas por el PP las que llevaron a los inversores internacionales a acudir a distintos tribunales para reclamar compensaciones millonarias.

52 arbitrajes y 10.000 millones

Hasta la fecha, se han presentado un total de 52 arbitrajes en distintas cortes internacionales -principalmente en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial-, que reclamaban una suma que asciende a los 10.000 millones, según han explicado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

De estos arbitrajes, se han dictado 29 laudos de los cuales España ha ganado seis, se han anulado dos y otros 19 están pendientes de resolución, mientras que en tres casos los demandantes han retirado su reclamación para acogerse a la normativa aprobada en 2019 por el actual Gobierno para mejorar la rentabilidad de las plantas renovables.

Esta normativa garantizaba a las plantas afectadas por la reforma de 2013 una rentabilidad del 7,39 % hasta 2031, superior a la establecida previamente, siempre que renunciaran a la continuación o inicio de nuevos procesos arbitrales, así como a una posible indemnización o compensación.

Según estas fuentes, la norma ha frenado "radicalmente" las denuncias contra España de los inversores afectados por los cambios normativos de la última década.

Indemnizaciones relativamente bajas

Pese a que la cifra inicial de 10.000 millones hubiese supuesto un "agujero" en las cuentas del Estado, los laudos dictados han rebajado de forma sustancial las indemnizaciones reclamadas, rondando cerca del 15 % sobre lo demandado.

Esto supone que los arbitrajes han fallado que España deberá pagar cerca de 1.000 millones de euros, una cifra muy inferior en comparación con las pretensiones iniciales de los fondos demandantes -aunque podría aumentar- y que según el ministerio cada vez son más bajas en los últimos laudos resueltos.

España ya ha formulado diversos recursos de anulación ante los tribunales internacionales que estimaron parcialmente las reclamaciones de los inversores, lo que ha llevado a que aún no se haya ejecutado ningún laudo.

Por qué España no ha pagado ningún laudo

Además de pedir la anulación de todos los laudos no favorables, España se ha amparado en la normativa europea para esquivar el pago, con el argumento de que estos pueden ser contrarios al derecho comunitario y constituir una ayuda de Estado ilegal.

Cuando el Gobierno recibe la notificación de un laudo, lo transmite a la Comisión Europea para que se pronuncie, y hasta que esta no lo hace no se puede ejecutar el pago, por lo que el Ejecutivo argumenta que cumple "fielmente" con sus obligaciones legales.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos explican que la base jurídica de las reclamaciones dentro de la Unión Europea (UE) quedó excluida, ya que los estándares de protección de las inversiones están asegurados por la normativa europea, por lo que la legalidad de los argumentos de España, según las mismas fuentes, ha quedado "muy refrendada".

Requerimiento del Banco Mundial

Pese a los argumentos del Gobierno, en los últimos meses se han producido varios pronunciamientos judiciales que han aumentado la presión sobre España para que ejecute alguno de los laudos, entre ellos uno del Ciadi. Este organismo del Banco Mundial envío el pasado enero a la Abogacía General del Estado una carta en la que instaba al Gobierno a ejecutar el pago de más de 120 millones en favor del fondo de inversión francés Antin.

En concreto, recordaba al Gobierno que la resolución dictada en julio de 2021 era "definitiva y obligatoria" para las partes y le instaba a "cumplir y acatar los términos del laudo con el fin de evitar la acumulación de los intereses previstos".

Embargos en Reino Unido y Australia

A esta misiva del Ciadi se suma los recientes fallos judiciales en Reino Unido y Australia, que han abierto la puerta a embargar determinados bienes de España en ambos países ante la no ejecución de los laudos.

Un juez del Tribunal Superior de Justicia de Londres congeló este mismo mes las cuentas del Instituto Cervantes de la capital británica y de una oficina de comercio exterior de la Generalitat de Cataluña como medida cautelar solicitada por el fondo InfraRed, propiedad del banco HSBC. En este caso, España puede aún presentar alegaciones.

Fuentes jurídicas explican que pese a que el laudo ha sido reconocido en Reino Unido, eso no implica que se haya perdido la inmunidad de ejecución de la que disfrutan los bienes de titularidad española, ni que esos bienes puedan embargarse sólo por pertenecer a empresas vinculadas o participadas por el Estado.

En Australia, el Tribunal Superior estipuló que España no tenía "inmunidad" soberana en el país oceánico y, por lo tanto, estaba "sujeta" a un laudo vinculante del Ciadi que atañe al fondo Antin, aunque cualquier embargo requeriría la apertura de un nuevo procedimiento judicial, con la vista puesta en un posible embargo de los buques de Navantia.

A esto se suma la decisión del fondo estadounidense Blasket Renewable Investments, el mismo que provocó la congelación de cuentas en Reino Unido y que lleva los intereses de empresas holandesas incluidas en las denuncias, de activar una cláusula que declara a España en "impago técnico".

Próximos pasos

Ante la estrategia que están siguiendo los inversores, que intentan ejecutar los laudos en tribunales que no se encuentran dentro de la jurisdicción europea, el Gobierno se ha reforzado en los últimos meses para plantar batalla en los tribunales.

Así, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha formalizado contratos con diferentes despachos de abogados para defender sus intereses en los procesos judiciales abiertos.

Entre otros, ha firmado un contrato por valor de 1,4 millones con el despacho estadounidense Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle para la "representación y defensa del Reino de España en el procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo InfraRed ante los Tribunales de Reino Unido".

Adicionalmente, ha formalizado contratos con despachos para asisitir a la Abogacía General del Estado en procesos abiertos en países como Israel, Estados Unidos y Suecia.

Pese a la acumulación de reclamaciones judiciales, el Gobierno se mantiene firme en su decisión de no ejecutar ningún lado hasta que Bruselas decida si estas indemnizaciones pueden constituir una ayuda de Estado ilegal. Efe