Trabajo

Inspección de Trabajo, sin recursos para controlar la reducción de jornada si no se refuerza

Yolanda Díaz prepara un plan especial para inspeccionar empresas, una vez se apruebe la medida, pero sigue sin cumplir el Plan Estratégico que dotaba de recursos al organismo

No sólo los empresarios miran con recelo los planes de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para llevar a cabo lo que sería su segunda reforma laboral. Los propios empleados públicos que dependen de su gestión están con la mosca detrás de la oreja ante un nuevo paso adelante en la asunción de nuevas responsabilidades y más carga de trabajo, pero con los mismos recursos. Ese es el temor que muestran desde la Inspección de Trabajo (ITSS) ante los planes que ya se preparan en el Ministerio una vez que se apruebe la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales.

Según confirmaron fuentes ministeriales, los técnicos bajo el mando de Díaz ya trabajan en un plan integral de aplicación de la nueva normativa, que incluye un programa especial de control del registro horario en las empresas. Sin embargo, «ahora mismo, no se estima que se vaya a aprobar un refuerzo de plantilla para llevarlo a cabo. Todavía es pronto». Fuentes de la Inspección de Trabajo confirmaron a LA RAZÓN que la aplicación de un plan especial de actuaciones en este sentido «será imposible de aplicar con los recursos actuales. Llevamos años reclamando que se mejoren los efectivos de la Inspección y hemos sido ignorados. Solo hemos recibido más trabajo, pese a que está firmado por la propia ministra en el Plan Estratégico. Si ahora nos piden más actuaciones, no será posible llevarlas a cabo».

Ana Ercoreca, presidenta del sindicato SITSS, recuerda que «estas actuaciones no podrán ser realmente eficaces si no se avanza con firmeza en el fortalecimiento y modernización de la ITSS, adoptando medidas organizativas que permitan su implementación. La experiencia de anteriores instrumentos de planificación en este organismo resulta concluyente y exige el desarrollo del activo más valioso de la Inspección de Trabajo, que es sin duda el capital humano, que sigue siendo ninguneado por la ministra».

No en vano, los representantes sindicales del organismo estatal llevan diez meses esperando a que Díaz «se digne a recibirnos, desde el 28 de marzo, y seguimos sin tener noticias. Habla mucho de diálogo, pero no será con sus propios trabajadores». Al menos sí ha convocado la mesa de diálogo social, que abordará el jueves la primera reunión para negociar con los agentes sociales (patronal y sindicatos) la reducción de la jornada laboral sin que implique recorte salarial alguno para el trabajador.

Pero para poder llevar a cabo este plan, el Ministerio necesita mejorar el funcionamiento del registro horario, pero lo necesita hacer a través de la Inspección, que ya le advierte que no será posible «si no se refuerza con más recursos. Es imprescindible, si no, el plan fracasará», inciden otras fuentes sindicales.

Todas las empresas están obligadas desde el 12 de mayo de 2019 a registrar diariamente la jornada de sus trabajadores, con el objetivo de medir la duración de las jornadas laborales las horas extraordinarias y los descansos, que tienen distintos baremos según cada sector.

El registro obligatorio debe incluir el inicio y finalización de la jornada del trabajador, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y se organiza y documenta mediante la negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, por decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores. En caso de no existir representación legal de los trabajadores, es la empresa quien determina cómo se organiza y documenta el registro de jornada. La compañía está obligada a conservar los registros de jornada de sus trabajadores durante cuatro años y éstos deben permanecer a disposición de trabajadores, sindicatos e Inspección de Trabajo. En caso de incumplimiento, la cuantía de la sanción puede ir desde los 751 euros si es considerada leve o llegar a los 7.500 euros en caso de calificarse como grave.

Ninguna de estas exigencias, ni las posibles sanciones, serán posibles si la Inspección no es capaz de afrontar más actuaciones. «Esas inspecciones ya se hacen, pero ampliarlas es ahora mismo una quimera», concluyen desde la Inspección.