Una fractura económica recorre Europa, dividiendo al continente en dos visiones radicalmente opuestas sobre el papel del Estado. Por un lado, se encuentran las naciones de la Europa occidental, con un consolidado modelo de bienestar financiado a través de una elevada presión impositiva. Por otro, emerge la estrategia de varios países del antiguo bloque comunista, como Polonia o Lituania, que apuestan por una carga fiscal más moderada para dinamizar sus economías, dibujando así dos filosofías económicas contrapuestas.

De hecho, la justificación del primer modelo, el que impera en España, se asienta en la necesidad de financiar un abanico cada vez más amplio de servicios públicos. La asunción por parte de la administración de competencias como la sanidad, la educación o las pensiones, que en otros tiempos pertenecían a la esfera privada, es la causa directa de la expansión del estado del bienestar y de la exigencia de una recaudación fiscal en constante aumento para sostenerlo.

Para comprender la envergadura de este cambio, basta con mirar un siglo atrás. A principios del siglo XX, el tipo inicial del impuesto sobre la renta en nuestro país era de apenas un 1 %, una cifra casi simbólica. Hoy, ese mismo impuesto puede escalar hasta el 47 % para las rentas más altas, lo que demuestra la transformación del sector público en una carga fiscal de primer orden para el bolsillo de los ciudadanos.

Sin embargo, para algunas corrientes de pensamiento, el objetivo de esta dinámica va más allá de la simple financiación de servicios. Sostienen que la finalidad última es mantener al ciudadano en una constante situación de dependencia del poder político. El economista Juan Ramón Rallo lo resume de forma contundente: «La idea es tenerte rehén», limitando la autonomía económica y la capacidad de ahorro personal de los contribuyentes, una visión que ha expuesto en el podcast Tu minuto económico.

La doble cara de los impuestos elevados

En este contexto, el modelo predominante en la Europa occidental se basa en que una alta recaudación es la única vía para garantizar una cobertura social extensa y universal. La contrapartida es la necesidad de sostener una estructura administrativa creciente, que se alimenta de las contribuciones de trabajadores y empresas para poder mantenerse operativa y seguir prestando sus servicios.

Por el contrario, la alternativa que plantean naciones como Eslovaquia se fundamenta en un principio distinto. En lugar de priorizar la redistribución a través de una fiscalidad elevada, su enfoque busca fomentar el ahorro y la inversión privada. Consideran que unos impuestos más bajos son la herramienta más eficaz para estimular la acumulación de capital, impulsar un crecimiento económico más robusto y, en definitiva, fortalecer la iniciativa individual frente al peso del Estado.