La aceituna española está en el punto de mira de Trump

Washington ha impuesto ya una primera tanda de aranceles.

Una parte de las exportaciones de aceituna de mesa española a Estados Unidos peligra tras la aplicación de aranceles por parte de la Administración Trump la semana pasada. Según el Departamento de Comercio de esta país, el valor de las importaciones de este producto procedentes de España ascendió a 70,8 millones de dólares, lo que supone un aumento frente a los 62,9 millones de 2015 y los 56.9 millones de 2014. En volumen, durante la última campaña de comercialización 2016-17, que se cerró el pasado mes de agosto, las ventas a este país se situaron en poco más de 70.000 toneladas, de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura; en total, se exportaron 315.000 toneladas. Los aranceles, que oscilan entre el 2,31% y el 7,24%, es la primera medida que se aplica, a la que pueden seguir otras. Se produce tras una denuncia presentada por dos empresas de California aprovechando los vientos proteccionistas que corren en EE UU desde la llegada de Trump.

Estos aranceles se aplican en el marco de un procedimiento anti subvención, ya que, en opinión de los denunciantes y de los organismos encargados de vigilar la política comercial en Washington, las aceitunas españolas se benefician de ayudas injustas establecidas en la PAC. El problema radica en que, si se acepta esta tesis, todos aquellos sectores que reciban ayudas de la PAC estarían en la misma situación.

En definitiva, desde EE UU se está poniendo en cuestión el sistema de ayudas de la PAC, elemento fundamental de la misma. Hasta ahora estos apoyos se habían considerados compatibles con la normativa de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Pero la situación puede agravarse porque las aceitunas procedentes de España tienen abierto otro procedimiento en EE UU, en este caso por dumping. La decisión, que puede desembocar en la aplicación de otros aranceles, se adoptará en las primeras semanas del año próximo. Los productores y exportadores españoles han pedido al Ministerio de Agricultura y a la Comisión Europea que defiendan sus intereses y que, si es necesario, se denuncie a Estados Unidos ante la OMC.