La Audiencia manda a prisión a la cúpula directiva de Afinsa

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha hecho público el decreto de ejecutoria de la sentencia que condena a los directivos de Afinsa por estafa masiva, lo que implica que en un plazo de diez días deben ingresar en prisión.

La Audiencia Nacional ha ordenado el encarcelamiento del expresidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, así como de los principales directivos del grupo. Todos ellos han sido condenados por los delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad de las cuentas anuales con respecto a la estafa de estructura piramidal que se llevó a cabo en la compraventa de sellos.

De acuerdo con la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, y de la que informa Ep, los condenados tienen un plazo de diez días para efectuar su ingreso en prisión. En el caso de incumplir el plazo establecido por la autoridad, ésta emitiría las oportunas órdenes de búsqueda y captura.

En julio de 2016 la Audiencia Nacional ya condenó a 11 de los 13 ex directivos de la empresa a penas de hasta 12 años de cárcel. En aquel momento, el órgano judicial determinó que se trataba de una estafa de estructura piramidal que afectó a 190.000 «ahorradores procedentes de las clases medias» que decidieron invertir sus ahorros en el falso negocio de Afinsa con el objetivo de crear fondos para la jubilación o hacer frente a situaciones económicas complicadas.

En cuanto a las fianzas prestadas en 2016 para garantizar la libertad provisional de los acusados, la Audiencia Nacional ha determinado que serán devueltas en el «momento procesal oportuno», o lo que es lo mismo, en el momento en el que los condenados hagan efectivo su ingreso en prisión o se les suspenda la ejecución de la pena de privación de libertad.

En noviembre del año pasado, el Tribunal Supremo estimó, de manera parcial, los recursos presentados por los condenados, de manera que rebajó a 8 años de cárcel la condena para los cinco principales ex directivos de Afinsa (Juan Antonio Cano Cuevas, Albertino de Figueiredo, Carlos de Figueiredo, Vicente Martín Peña y Emilio Ballester López).

Del mismo modo, el tribunal determinó que todos los responsables, junto con el ex director del departamento jurídico del Grupo Afinsa, José Joaquín Abajo Quintana, debían indemnizar de forma «conjunta y solidaria» a los 190.022 inversores afectados con 2.574 millones de euros.

En la resolución sobre la filatélica, el Tribunal Supremo destacó que en las cuentas de la empresa se apreciaban unas ganancias de más de 95 millones de euros entre los años 1998 y 2006, mientras que en realidad Afinsa acumulaba un saldo negativo de 2.000 millones. El «modus operandi» de la estafa consistía en que, en el momento de vencimiento de los contratos de los pequeños inversores, y cuando estos decidían retirar su inversión, «nunca procedían a realizar el valor que, según afirmaban, tenían los sellos, sino que utilizaban las cantidades entregadas por nuevos clientes para las devoluciones a los anteriores, sin que en ningún caso su activo quedara engrosado por un bien tan valioso como se decía».

Por lo tanto, los sellos en los que invertían los estafados sólo tenían el valor que la propia Afinsa les otorgaba, sin guardar relación alguna con el valor que, por sus características, pudiese adjudicarles un experto. Así, los pequeños inversores creían que los sellos que les eran adjudicados se revalorizarían, pero no era así porque su valor real no correspondía con el que afirmaba la empresa.