El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España (CGCGAE) ha celebrado hoy, con la colaboración de CEOE, la jornada: ¿Cómo afecta la presión normativa, económica, fiscal y laboral a las empresas? Una visión sobre el futuro de nuestros negocios. En sus conclusiones, Fernando Santiago ha señalado que “los negocios están contra las cuerdas”, tras justificar previamente esta afirmación con su visión de los aspectos que les afectan.

La jornada ha comenzado con una mesa de debate, moderada por la periodista Raquel Diaz Guijarro, jefa de empresas en Cinco Días, y en la que han participado Gregorio Izquierdo, director de Economía de CEOE, Francisco Vidal, director de Economía y Política Sectorial de CEPYME, Celia Ferraro, vicepresidenta de ATA y Javier Santacruz, economista.

El debate ha puesto de manifiesto algunos de los asuntos que más preocupan a los negocios, empresarios y autónomos, tanto desde el punto de vista fiscal, como del laboral y del regulatorio.

Gregorio Izquierdo ha comentado que "la creación de un clima más favorable para las empresas es uno de los grandes retos pendientes de la sociedad española. Una economía no puede prosperar si sus empresas no crecen porque pierden competitividad y rentabilidad. El Marco normativo, fiscal y social debe estimular la inversión empresarial como palanca para mejorar la productividad, el empleo y por ende el nivel de vida" .

Francisco Vidal, por su parte, ha comentado que “debe existir siempre un apoyo importante y sólido a la empresa, en especial a la pyme, y que éste debe plasmarse en un marco normativo favorable a su desarrollo y crecimiento”.

Celia Ferrero ha señalado que “el incremento continuo y récord de costes laborales en la última legislatura, de presión fiscal a las empresas y autónomos y la inestabilidad e hiperactividad normativa que derivan en mayores costes indirectos para darles cumplimiento, restan competitividad al tejido empresarial español del sector privado y están llevando a una extinción progresiva de autónomos y Pymes. Además, se están reservando, condiciones laborales más favorables en cuanto a costes e ingresos al sector público. La Administración española es hoy la que más precariza el mercado laboral (temporalidad, no aplicación de subidas impuestas en los costes laborales a empresas adjudicatarias, etc.) y compite de forma desleal con el sector privado, mermando su capacidad de inversión, innovación y transformación para incrementar su competitividad y adelgazando deliberadamente su peso en nuestra economía”.

Por su parte, Javier Santacruz ha destacado que “en plena estanflación parecen sorprendentes las cifras de empleo, especialmente si atendemos lo que las diferentes encuestas a autónomos y pymes nos dicen que está pasando: costes crecientes, cifra de negocio estable o en descenso, dificultad para encontrar perfiles profesionales adecuados... Esta cuestión merece una reflexión para deslindar lo que dicen las grandes cifras macro de lo que está pasando en la economía real. No se trata de la tan manida diferencia entre "macro" y "micro", sino dentro de la "macro" qué es lo que ha cambiado para que la percepción sea una y lo que dicen las cifras, otra distinta”.

En la clausura, el presidente de los Gestores Administrativos, quien ha realizado un detallado análisis sobre la situación de los negocios. “Han sido muchas las oportunidades en las que me han llamado apocalíptico, por más que repetía que tan solo estaba tratando de compartir hacia qué abismo estaban dirigiendo a nuestros negocios” afirmaba Santiago. “Durante mi exposición, compartiré los datos junto a la opinión de mis compañeros de profesión, a los que hemos consultado en el último Barómetro de la gA” decía el presidente del CGCGAE.

Fernando Jesús Santiago Ollero habló de la elevada presión fiscal, “en el caso de la recaudación procedente de las empresas, en España se sitúa en un 32,5%, mientras que en la Unión Europea alcanza el 23,9%, de manera que podemos manifestar que, con relación al PIB, la presión fiscal empresarial escala al 10,8% del PIB frente al 10,2% de promedio en la Unión Europea”.

También se refirió a los autónomos, destacando la intención del ejecutivo de retirar a los autónomos que declaran por módulos, estimación objetiva, la reducción extraordinaria del 10%. que se acordó durante la pandemia con el objetivo de paliar la situación crítica de este colectivo.

Sobre las cotizaciones a la seguridad social que pagan las empresas señaló que equivalen actualmente a un 10% del PIB, lo que nos sitúa muy por encima de la media tanto de la Unión Europea, del 5,6%, como de la OCDE, donde el porcentaje baja hasta el 4,5%. “Eso sí, el incremento de las cotizaciones ha permitido en septiembre de 2023 que las cuentas de la seguridad social tengan un superávit de 1.207 millones de euros, frente a los 740 millones de euros de pérdidas en septiembre de 2022”

“Hace unos meses, sobre un caso real, calculamos el impacto solo en salarios de una empresa de 4 trabajadores entre 2019 y 2022, a consecuencia de las subidas del SMI: un 54%, sin contar con seguros sociales”, reflexionaba Santiago sobre el SMI, quien se preguntaba: “¿Y cuál es el efecto de las subidas del SMI? La subida ha supuesto al negocio un incremento de costes laborales: salarios y cotizaciones. ¿Han ido al trabajador? Pues en mi opinión no. Han ido a pagar impuestos (un IRPF sin deflactar, subida en cotizaciones sociales del empleador y del trabajador -MEI-), a pagar la subida de los alimentos (a pesar de la reducción del IVA en algunos de ellos), la subida de la energía y la subida de los intereses. ¿Qué le llega al trabajador? Mientras no se deflacten los tipos impositivos, no se controle la inflación, no se reduzcan los tipos de interés y se reduzcan las cotizaciones sociales de empleadores y trabajadores, de poco le sirve la subida del SMI al trabajador afectado”.

Para Lorenzo Amor, presidente de ATA, “España necesita de un clima pro empresarial y los autónomos necesitan menos trabas, menos cargas administrativas, menos impuestos y más certidumbre, seguridad jurídica y apoyo”.

Durante su exposición, el presidente de los Gestores Administrativos se refirió al informe publicado por el Banco de España en los primeros meses de este año titulado “Los efectos económicos sectoriales de la complejidad normativa: datos de España” ha desvelado que desde el inicio de la actual etapa democrática hasta la actualidad (1979-2022) se han aprobado en el país por parte de todas las administraciones públicas un total de 414.272 leyes de todo tipo. “Cada 10 minutos se crea en España una norma, en general. No todas afectan a las empresas, pero si muchas de ellas. Y las normas hay que cumplirlas, bajo pena de sanción. Igual si eres grande como si estás tu solo en la empresa. O gastas o gastas, o pagas por sanciones. Y el propio estudio señala, además, que aumentar la regulación un 10% supone recortar el empleo un 0,5%.

Para Santiago, “pagar la hipoteca o el alquiler supone para muchas familias no llegar a fin de mes, estar por debajo del umbral de pobreza. Y cuantos más negocios cerramos más vulnerables quedan los trabajadores. Para remediar esta situación hay que bajar la presión fiscal y laboral, racionalizar las inspecciones, contener los precios de los alimentos y los de la energía, así como los alquileres. Hay que reducir el tipo de interés. Y solo así, los negocios saldrán de las cuerdas y volverán al centro del ring, a competir como se merecen”.

La jornada ha sido clausurada por parte de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, quien ha destacado el “papel” de los gestores administrativos que “ha sido fundamental en todos estos años para acompañar al tejido empresarial (en especial, PYMES, autónomos y emprendedores) en su relación con las Administraciones y, sin duda, lo va a seguir siendo en el futuro”. Además, el presidente de CEOE ha resaltado la labor de este sector como un “ejemplo claro de colaboración público-privada, un ámbito en el que es necesario un impulso renovado para poder afrontar los retos que tiene por delante nuestra economía”.