La burocracia y la maraña legislativa no son casualidades. Son el resultado de un sistema de dominación que carga de normas absurdas y leyes inabarcables a la sociedad con dos objetivos primordiales: crear una sociedad dependiente del poder burocrático y eximir al mismo de cualquier responsabilidad, ya que la cantidad ingente de entes y cargos burocráticos crea un sistema donde todo el mundo tiene competencias, pero nadie tiene responsabilidad. Así, el burócrata siempre achaca los problemas a la falta de recursos a que se necesita una nueva ley y a desviar responsabilidades a otras áreas del sistema.

La tendencia burocrática a perpetuarse a través del normativismo, reglas imposibles y un aparato estatal impenetrable es una característica evidente del gobierno de Sánchez. A ello se añade que el gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado una estrategia de control del comportamiento ciudadano basada en restricciones y prohibiciones constantes, eliminando a la sociedad civil y destruyendo los incentivos positivos, cercenando el consenso para convertir la legislación en un sistema de intervención y represión a gusto de sus socios de coalición.

El gobierno de Sánchez impone la intervención ideológica, resumida en un mensaje: todo lo privado es malo y todo lo público es bueno y, si no funciona es por culpa del sector privado o de falta de recursos. El odio a la iniciativa privada es típico de una ideología sectaria que busca el control, no el progreso. Sin un sector privado potente, no existen los servicios públicos.

Sánchez preside el único gobierno de Europa que tiene comunistas defensores de dictaduras en su ejecutivo. Para ellos, prohibir es la manera de legislar porque su ánimo es siempre reprimir, que es más fácil que incentivar, pero también ineficaz y autoritario. Podemos identificar muchos ejemplos, pero me centraré en aquellos donde la evidencia de la intervención es que ha generado resultados negativos claros.

El “tope del gas”, por ejemplo, llevó a que España incentivase el consumo de gas natural, se importen cantidades récord de gas natural licuado ruso, se subvencionase a Francia y Portugal vía renta de exportación y se pasase a 19 millones de consumidores el extra-coste de la intervención, subiendo un 41% la factura al 80% de los consumidores para “bajarla” un 14% al 20% restante. ¿El resultado? El gobierno que se vanagloria de ser verde creaba un sistema que llevó a que España fuera en 2024 el segundo país europeo que más gas natural licuado importaba de Rusia. La llegada de gas ruso a los puertos españoles batía récords tras crecer un 30 % en 2023 y más de dos años consecutivos al alza. ¿El objetivo de esta intervención? Presentar al gobierno como la solución a los problemas de exceso de costes y regulación que encarecen la factura eléctrica y culpar a las empresas.

El caso de 2021 con las macrogranjas y la carne fue paradigmático. Se avisó y se veía venir. Esta fórmula de control perjudicial no es nueva en este gobierno ni esa cartera ministerial. Ya nadie se acuerda cuando en 2021, el extinto Ministerio de Consumo de Garzón, ahora adherido en una cartera más amplia, promovió una campaña contra las macrogranjas, asegurando sin pruebas que maltrataban animales y no cumplían la normativa, intentando limitar el consumo de carne como vía para combatir el calentamiento global. Porque sí. Todo basado en argumentos sectarios y sin argumentos empíricos. El efecto reputacional de acusar a nuestro país de exportar “carne de mala calidad de animales maltratados” fue tan brutal que tuvo que acudir el ministro de agricultura a desmentirlo e intentar mitigar el efecto negativo para nuestra industria y, posteriormente, el gobierno intentó taparlo relegando al ministro de consumo al ostracismo. ¿El objetivo de esa campaña de descrédito? Imponer y prohibir.

Intervenir el mercado en vez de aumentar la oferta: La más reciente batalla la mantiene ahora contra el mercado del alquiler y de paso, en su obsesión por culpar siempre a un tercero, contra los alquileres turísticos. Su respuesta ha sido limitar los precios a los propietarios particulares en algunas ciudades y obstaculizar las viviendas de uso turístico, también de particulares, aprovechando que pasaban por allí. Culpar parece ser su única solución en vez de liberar suelo y promover la construcción de vivienda que realmente cubran la demanda. Es la máxima intervención posible del mercado cuando expropiar no es factible, aunque la expropiación encubierta vía legal e impositiva se va implementando lentamente. ¿El resultado? Aumento masivo de precios del alquiler tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, con subidas superiores al 24-26% en los dos años posteriores y una reducción histórica de la oferta del 17% de media y 46% en Barcelona o 35% en Bilbao o San Sebastián.

Otro ejemplo más: la Ley de Consumo Sostenible, que no tiene nada de sostenible porque, como siempre, no incentiva, solo disfraza. Impulsada por el nuevo Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, nos llega la “Ley de Consumo Sostenible”. Una ley que quiere regular a golpe de ideología por la vía de la prohibición. Su anteproyecto prohíbe ahora la publicidad de vuelos cortos, combustibles fósiles y vehículos supuestamente más contaminantes. En definitiva, impide que las empresas promocionen bienes y servicios legales en España, a menudo sin alternativa real, por considerarlos nocivos para el medio ambiente. Y todo impulsado por el presidente que más utiliza el Falcon, con casi 20 vueltas al mundo y 600 viajes desde que Sánchez llegó a La Moncloa y sin evidencia alguna- ¿El objetivo? Cuando no pueden con una industria, además de culparla y obstaculizarla intentan invisibilizarla. 

¿Qué podemos decir de un gobierno que no para de hablar de emergencia climática y riesgos de Danas e incendios y a la vez reduce la inversión en infraestructuras, prevención y limita la capacidad de limpieza? ¿O un gobierno que ha aumentado el gasto público en más de 200.000 millones de euros y sin embargo no invierte en seguridad ferroviaria ni infraestructuras? El objetivo es crear un sistema de miedo y crisis, culpar a otro y acumular más recursos destinándolos a entes clientelares, agencias y observatorios.

Hay más todavía. Ahora se busca prohibir también lo que llaman la “publicidad del miedo”, señalando a empresas de seguridad por apelar a su negocio y a que proyectan una inseguridad que “no existe”, llevando a decisiones impulsivas. Para ello han modificado cómo se mide la criminalidad, para que aparezca una reducción irreal al unir hurtos y delitos menores. ¿El objetivo? Propaganda y represión. Como en los regímenes comunistas, que no se hable y que no se sepa.

Conviene recordar que el sector publicitario ya se autorregula, existe Autocontrol, que vela por una publicidad responsable y ética, y que los anuncios de alarmas no han sido sancionados por vulnerar los códigos de conducta. 

Detrás de cada empresa, cada piso en alquiler, cada estancia vacacional y en definitiva, detrás cada pequeño negocio emprendido, están los ciudadanos. Personas que aspiran a tener un marco regulatorio facilitador y sencillo. Sin Gobiernos que legislen a golpe de ocurrencia sectaria. Limitar es también limitar opciones y riqueza. 

Usted se preguntará por qué lo hacen. No es ignorancia ni incompetencia, es diseño. El ideario de estas personas es sectario y solo busca el control. Si no entendemos que no es incompetencia, sino estrategia de control, no podremos solucionarlo.

Prohibir y atacar no es gestión, es sectarismo.  Antes de impedir actividades legales o su publicidad, el gobierno debería superar una prueba de proporcionalidad (necesidad, idoneidad…) sustentado en estudios independientes, publicados y sometidos a revisión. De cualquier forma, eso no ha funcionado nunca con sectarios. Recuerden los informes de supuestos “expertos” elegidos cuidadosamente para reafirmar lo que desea el gobierno. Poner títulos aparente benignos y bonitos no sirve. Si se legisla, que sea con cláusulas de revisión y pilotos acotados: objetivos medibles, evaluación y retirada automática si no hay resultados. Menos prohibiciones y menos regulaciones absurdas. Si el objetivo es mejorar comportamientos, la vía eficaz es la neutralidad tecnológica e incentivos adecuados. En vivienda turística, reglas claras y sencillas que defiendan la propiedad privada en lugar de demonizaciones genéricas. En transporte, mejor servicio y competencia para que el ciudadano elija sin necesidad de prohibir. En publicidad, códigos reforzados a través de la autorregulación, con advertencias claras cuando proceda. La libertad se preserva; los objetivos, también.

Pero no olvidemos que la única manera de evitar el exceso de legislación y la asfixia burocrática es la desregulación. Defender la libertad de empresa y la propiedad privada es defender los pilares del progreso.

Las medidas intervencionistas que coartan la libertad y responden a ideologías sectarias asumen que la sociedad civil es peligrosa y no sabe autorregularse. La evidencia demuestra que es al revés, ya que a sociedad civil responde mucho mejor en libertad que ante la represión. El Gobierno no quiere un marco que permita elegir y promueva comportamientos deseables facilitando la libertad individual y empresarial. Busca prohibir y limitar libertades utilizando términos aparentemente inocuos y objetivos pretendidamente sociales, Sin embargo, eso es una táctica de propaganda y distracción porque su objetivo es el control, no el progreso, y no es por casualidad, sino por estrategia. Sus próximas víctimas serán la libertad de expresión y la independencia de las instituciones. El socialismo siempre perjudica lo que finge proteger.