El nuevo mapa concesional de autobuses de Puente que dejaría sin servicio a 3,2 millones de personas encalla por la oposición del PP

Las comunidades del PP siguen peleando a brazo partido para que el Gobierno no instaure el nuevo mapa concesional de autobuses estatales que el Ministerio de Transportes ha diseñado. Los responsables autonómicos del PP han obligado al ministro Óscar Puente a retirar del orden del día de la comisión nacional de directores generales de transportes y de las comunidades autónomas el debate sobre el nuevo mapa concesional, según ha asegurado el partido que lidera Alberto Núñez Feijoo.

Según el PP, este asunto ya ha sido tratado en dos ocasiones en este foro sin éxito y sigue sin abordarse en el que, según creen, es el foro adecuado para hacerlo, la conferencia sectorial. "La no convocatoria de la sectorial es un patrón general de actuación del Gobierno, que se niega a convocarlas en tiempo y forma", según aseguran los populares.

El PP se ha mostrado desde un primer momento totalmente en contra del nuevo mapa proyectado por el Gobierno. En octubre pasado, los consejeros de transporte de las comunidades en las que gobiernan enviaron una carta a Puente advirtiendo de que el nuevo mapa concesional para rutas estatales propuesto por el Gobierno dejará sin autobús a más de 3,2 millones de personas, lo que, en su opinión, comportará un alto impacto “social, territorial y económico” para la España rural.

El PP rechaza el nuevo mapa concesional de transporte por carretera porque "elimina rutas, paradas y servicios, incrementa trasbordos, no tiene en cuenta la diversidad territorial y no se ha debatido en el seno de la conferencia sectorial".

En concreto, el nuevo mapa elimina 456 rutas, un 47,2% del total, y alrededor de 9.305 paradas, lo que supone que habrá 1.417 municipios sin parada, según esgrime el principal partido de la oposición.

Defensa del Gobierno

Pese a esta oposición, el Gobierno defiende que con este nuevo mapa concesional se simplificará la estructura estatal de autobuses, de forma que una ruta de largo recorrido no pare en pueblos o ciudades pequeñas para que sea más eficiente y repercuta en un mayor ahorro de tiempo y dinero. Según sus cálculos, las tarifas podrían reducirse hasta en un 20%.

Para responder a la demanda de los usuarios que se suben al autobús en las paradas intermedias de esos pueblos o ciudades pequeñas, el Gobierno pretende que sean las comunidades las que presten los servicios autonómicos necesarios para conectar esas paradas con ciudades más grandes, donde sí pararán las rutas estatales. Para ello, el Estado transferirá 40 millones de euros a las autonomías -25 en compensaciones y otros 15 que estiman de los ingresos una vez empiecen a prestarlos-, pero el PP ha calculado que el gasto real de asumir esas líneas autonómicas será de 110 millones de euros anuales y que lo prometido por el Gobierno será un pago para dos años y, además, temporal.