La UE obliga a España a reducir su deuda un 1% anual

Los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete han llegado a un acuerdo para reformar las normas fiscales europeas tras la convocatoria de una reunión de emergencia por videoconferencia justo antes del receso navideño. Tras dos horas de reunión llegó la ansiada fumata blanca. El texto final intenta establecer un delicado equilibrio entre requisitos mínimos de disciplina fiscal, tal y como querían Alemania y los halcones del Norte, y cierto margen de maniobra para fijar la reducción de la deuda y déficit, como pedían Francia y los países del sur.

El tiempo apremiaba, ya que las normas fiscales recogidas en el Pacto de Estabilidad volverán a entrar en vigor en el año 2024, después de años en el congelador, para hacer frente a los estragos económicos tras la pandemia.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, explicó tras el acuerdo que el último texto que planteó España tuvo el visto bueno «unánime» de los socios comunitarios y que el acuerdo final «garantiza la reducción sostenida y gradual de las ratios de déficit y deuda», al tiempo que incorpora un componente «contracíclico» que «protege» las inversiones públicas en transición verde, la digitalización, la política social o la seguridad y defensa. Hasta ahora, los países europeos han podido inyectar dinero público sin cortapisas para hacer frentes a los estragos económicos, pero la bula ha llegado a su fin. A pesar de los cambios, los límites sobre deuda y déficit se mantendrán imperturbables: 60% y 3%.

Aunque el acuerdo parecía encarrilado la semana pasada –después de que la presidencia española pusiera sobre la mesa un documento que recogía muchas de las demandas de los halcones liderados por Alemania–, en el último momento Francia mostró sus discrepancias con este enfoque, en unas reivindicaciones que también eran compartidas por otros países del Sur, como Italia. París reivindicaba que los países que estén expedientados por déficit excesivo superior al 3% deben poder reducir su déficit estructural anual –no vinculado a la coyuntura económica– en un porcentaje menor si realizan reformas que dinamicen la economía en ámbitos como la doble transición energética y digital en aras de no estrangular el crecimiento.

Esta reforma de las normas fiscales pretendía en un principio adaptar las sendas de reducción de deuda a las circunstancias particulares de cada país tras el grifo de dinero público de los últimos años, pero Alemania batalló para que esto viniera acompañado de «objetivos mensurables». Además, los países con un déficit inferior al 3% del PIB –el límite que marca el Pacto– tendrán también que reducir su déficit de manera preventiva para poder hacer frente a posibles crisis y establecer un colchón en épocas de bonanza.

Finalmente, los países que como España superen el 90% de deuda pública tienen que reducirla en un 1% al año –lo que equivaldría a un ajuste de 15.600 millones sólo en 2024 para nuestro país– mientras los que cuenten con una deuda entre el 60% y el 90% deberán hacerlo en un 0,5% anual. En cuanto al déficit, aquellos que superen el umbral del 3% también deberán realizar un ajuste de al menos un 0,5% anual. En cuanto a aquellos que no hayan llegado a esta cifra, el déficit estructural –no vinculado a la coyuntura económica– deberá situarse en el 1,5% con una velocidad de ajuste primario –sin contar los tipos de interés– del 0,4% cada año que podrá reducirse al 0,25% si el periodo de ajuste se amplía hasta los siete años.

En un principio, los países europeos deben enviar a Bruselas planes de cuatro años que pueden prorrogarse hasta siete en caso de que se comprometan a más inversiones en la doble transición verde y digital. Aquellos países con un déficit bajo pero una deuda alta tendrán que llegar al 1,5% del déficit mientras que aquellos con una deuda inferior al 90% podrán reducir su colchón hasta el 2%

París y Roma creían que el texto primigenio de la presidencia española no protegía las inversiones en un momento de fuerte incremento de tipos de interés debido a la política del BCE. Para hacer frente a esta preocupación, se ha puesto en marcha un mecanismo transitorio para que los países con un déficit superior el 3% puedan reducir la cifra de ajuste teniendo en cuenta el aumento de los tipos de interés durante el periodo 2025-27 según los criterios de la Comisión Europea.

Este acuerdo final deberá ahora ser negociado con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Las nuevas normas fiscales entrarán en vigor durante 2024 con repercusiones en los presupuestos de 2025.