Los empresarios españoles han mostrado su rechazo "frontal y absoluto" a la imposición del catalán en las empresas y han advertido del "inasumible" incremento de costes que va a suponer para las empresas la obligación de ofrecer servicios de atención al cliente en las lenguas cooficiales de España a todas aquellas compañías con más de 250 empleados o 50 millones de facturación, aunque operen fuera de Cataluña. Fuentes de la patronal han mostrado su "honda preocupación" por esta nueva intromisión en sus competencias por un pacto político alcanzado entre el Gobierno y Junts.

De este modo, tanto desde CEOE como desde Cepyme han advertido que, a la espera de conocer el texto y el alcance de lo pactado, la medida supone ir "en contra de la necesaria reducción que venimos defendiendo en España y en el ámbito de la UE", así como un incremento de costes operativos y de adaptación, además de una evidente "pérdida de competitividad" y productividad para las empresas. de este modo, el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha cifrado entre un 1,5% y un 2% el incremento de los costes laborales por la imposición de esta nueva normativa, al tener que incorporar al menos tres personas a sus plantillas -al menos uno por cada lengua cooficial-, que además tendría "un aporte de productividad cero. En el Gobierno están todo el día poniendo trabas a las empresas y a los autónomos y llevando sus disputas políticas a las empresas. Esto es tan irresponsable como si la UE obligara a todas las empresas europeas a atender en todas las lenguas oficiales de la UE. Es una incongruencia esta última ocurrencia".

Con datos oficiales del INE, esto significa que si el segundo trimestre de 2025 el coste laboral medio por trabajador y mes alcanzó los 3.256,54 euros, el nivel más alto registrado en un segundo trimestre desde que comenzó la serie histórica en 2000, por lo que con cerca de 22.800 millones de euros en pagos de costes laborales y cotizaciones de las empresas para sus siete millones de asalariados este año, el coste real que deberían asumir las empresas superaría los 450 millones de euros -con un incremento del 2%-, que se sumaría al 5% que ya se han incrementado estos costes durante el presente ejercicio.

La patronal también ha mostrado su "inquietud" por el impacto sobre la eficiencia y la calidad del servicio para empresas sin implementación en los territorios donde no se hablan lenguas cooficiales como el catalán, ya que implicaría "la adopción de obligaciones de muy difícil cumplimiento".

Todo este embrollo ha estallado después de que Junts anunciara que tenía un acuerdo con el Gobierno para, a través de la tramitación del proyecto de ley de Atención a la Clientela, "asegurar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán por parte de las empresas y evitar la invasión de competencias propias de la Generalitat de Cataluña". Una medida que afectaría, sobre todo, a sectores como la energía (electricidad y suministro de gas), de agua, compañías de telefonía, aeronáutica, ferroviarias, transporte en autobús, servicios postales, plataformas audiovisuales de pago, bancos, aseguradoras y empresas de servicios públicos, aunque desde la CEOE se advierte que afectaría "en una forma u otra a todos los sectores".

Según el texto del borrador firmado se ha acordado la "formación obligatoria del catalán para las personas que se dediquen al servicio de atención al cliente en las empresas expuestas" y ya "no será obligatorio responder como mínimo en castellano", sino que "se hará mediante la lengua con la que el cliente se ha dirigido a la empresa". Asimismo, las comunicaciones escritas entre la empresa y el cliente también tendrán que adaptarse a la lengua requerida por el último. "Estas medidas suponen un cambio de paradigma, puesto que ponen por delante el derecho del consumidor a ser atendido en catalán sin que esto dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación territorial", apostilló Junts en su comunicado.

El proyecto de ley con el que se regularán los servicios de atención a la clientela es una norma presentada por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario en el Congreso. Desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy explican que la medida afectará a todas las lenguas cooficiales y que sólo será obligatorio responder a los clientes en catalán, gallego o euskera, cuando hayan adquirido los bienes o servicios en comunidades con lenguas cooficiales.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha enfriado en parte el pacto anunciado por Junts ya solo admite que le parece "muy razonable" que empresas con personal suficiente atiendan en los dos idiomas en las comunidades bilingües, dejando en el aire si esta medida podría implantarse en toda España: "Lo veremos cuando discutamos y debatamos las enmiendas".