Las promesas electorales de Sánchez hipotecan más de 45.000 millones de fondos públicos

Metidos ya en la campaña del 28-M, la fiebre electoralista eleva sus grados por encima del límite permitido, lanzando al aire promesas de difícil cumplimiento y más complicada financiación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha distinguido por hacer las propuestas más aventuradas y más caras, máxime cuando el dinero deberá afrontarlo el que llegue después, sea él u otro.

De momento, Sánchez, ha avanzado dos grandes áreas de medidas -vivienda y jóvenes- durante actos del PSOE en los últimos dos meses, y algunas de ellas ya han sido confirmadas durante los últimos Consejos de Ministros, lo que le ha valido las críticas de los partidos de la oposición, al acusarle de usar la presidencia del Gobierno para beneficiarse electoralmente. No en vano, los proyectos anunciados tendrían un coste sobre presupuestos futuros en torno a 45.000 millones, muchos de ellos asociados a los fondos europeos de recuperación. Las fuentes consultadas por LA RAZÓN, tanto oficiales como de los sectores implicados, han concluido que esta cifra no es definitiva pero sí orientativa del volumen real y del peso que pueden tener estas promesas sobre las arcas públicas.

El peso más importante de esta inversión recae sobre un apartado que Sánchez ha convertido en pieza angular de su política electoral: la vivienda, con especial incidencia en los jóvenes, un nicho de votos que quiere asegurar. Así, durante la clausura de la Conferencia Municipal del PSOE en Valencia, el presidente avanzó que aprobaría un plan para movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sareb a alquiler asequible, anuncio que aprobó inmediatamente después en el pertinente Consejo de Ministros, marcando de esta forma la vivienda como uno de sus ejes políticos, a las que sumó en posteriores comparecencias en el Congreso, primero, y el Senado después, el despliegue de 4.000 millones para financiar 43.000 nuevas viviendas con alquiler asequible y de precio tasado con financiación del ICO, así como la construcción de 20.000 nuevas viviendas públicas en terrenos del Ministerio de Defensa y diversos proyectos ya programados.

Las cuentas son claras: las 50.000 casas de la Sareb de obra nueva supondrían un coste en torno a 13.000 millones, a lo que habría que sumar los 4.000 millones de las 43.000 viviendas asequibles más 1.000 millones adicionales por la propuesta de los inmuebles en terrenos de Defensa –desde el Gobierno se reduce esta última inversión en torno a 600, pero el sector inmobiliario lo eleva por encima de esos 1.000 millones por el incremento de costes a futuro–. En realidad, el propio presidente del Gobierno ha engordado aún más estas cifras cuando declaró en el Senado que el objetivo final es la construcción de «183.000 viviendas frente a las 1.600 que proyectó el PP durante sus años de gobierno neoliberal. Multiplicamos por 115 la acción de nuestros predecesores. Es un empeño ambicioso, lo sabemos, pero que vamos a lograr», presumió.

Para completar estas cifras y llegar a esas 183.000 viviendas prometidas habría que sumar otras 20.000 viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, que estarían financiadas con 1.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos del Plan de Recuperación, gracias al programa de rehabilitación de edificios residenciales, viviendas y barrios a través de los fondos Next Generation EU; casi 16.000 inmuebles de alquiler asequible de la Entidad Estatal del Suelo (Sepes) para «jóvenes y familias que no puedan pagar un piso o un alquiler», señaló Sánchez, y por las que el Ministerio de Transportes ya ha contabilizado unos 500 millones por el suelo, además de los costes derivados de las futuras promociones que se levanten. Finalmente, se unirían las viviendas pactadas entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas, cuyas cifras sumarían otras 25.000, todas ellas con «una cuantificación económica muy difícil de determinar», insisten fuentes inmobiliarias, y algunas partidas más que competen a acuerdos con Ayuntamientos. Por tanto, sumando todas estas cifras, la financiación adicional sumaría entre 15.000 y 20.000 millones más, para alcanzar una inversión total récord en vivienda en torno a 38.000 millones.

Los anuncios del presidente culminaron en un acto del PSOE en Tenerife, en el que anunció que el Estado avalaría hasta el 20% de la inversión para compra de la primera vivienda para jóvenes y familias con menores a su cargo, lo que supondría una financiación extraordinaria de entre 2.500 y 3.000 millones de euros. Suma y sigue.

Después de un acto de partido en Pamplona, el líder socialista puso el foco en otra de sus máximas prioridades, los jóvenes, a los que ha prestado especial atención desde que empezó este año electoral. Allí avanzó que el Gobierno aprobaría más de 1.300 millones de inversión para la Formación Profesional, tanto para plazas como para infraestructuras y servicios, más otros 560 millones en enseñanzas de robótica y programas contra el abandono escolar en la educación pública. También con el foco puesto en los electores más noveles, el presidente anunció en Murcia que el Gobierno financiará el 50% de Interrail para jóvenes de 18 a 30 años y descuentos por España en trenes y autobuses, cuyo importe no bajaría de los 2,5 millones.

Y no hay que olvidar la ayuda directa de 400 euros para actividades culturales que ya aprobó el año pasado y que se ha renovado para aquellos jóvenes que cumplan 18 años este 2023. Si en el pasado ejercicio se beneficiaron más de 281.000 jóvenes, la cifra para este año no bajaría de los 112 millones, aunque se hayan consignado 281.

Dentro de estas partidas menores destacan también promesas electorales de bajo nivel, que elevan el gasto casi indetectablemente. Por ejemplo, serían promesas de inversión en la Administración pública, como los 100 millones aprobados para digitalización de la Justicia; 30 millones para recuperar científicos de alto nivel en el extranjero; 110 millones en nuevos planes para recuperar la España vaciada y luchar contra la despoblación; 298 millones de apoyo para agricultura y ganadería; 395 millones por la supresión del copago de los pensionistas; reducción de las listas de dependencia (831 millones); incremento de las becas escolares y universitarias (536); o gratuidad de las escuelas infantiles (330). Todo ello sumaría por sí solo unos 2.600 millones en promesas.

Ayer mismo, en otro mitin en Puertollano, el líder socialista ha anunciado un plan para que los mayores de 65 años vayan al cine por dos euros. Su coste, otros 10 millones. Y lo que queda.