Sánchez contra la libertad universitaria

Pedro Sánchez ha anunciado un endurecimiento urgente de los criterios para la creación de nuevas universidades privadas. El objetivo —según sus propias palabras— es “proteger la calidad” y evitar que se conviertan en “máquinas expendedoras de títulos”. Pero detrás de esta retórica grandilocuente se esconde lo de siempre: blindar el monopolio de las universidades públicas frente a la competencia del sector privado.

El Gobierno exigirá ahora requisitos adicionales para autorizar nuevas universidades: un mínimo de 4.500 alumnos en cinco años, compromiso de plazas de alojamiento e incluso la obligación de contar con la aprobación de las Cortes para universidades online. ¿Tiene algo que ver todo esto con la calidad docente o investigadora? En absoluto. Se trata de levantar barreras regulatorias que eleven los costes de entrada al mercado y dificulten el surgimiento de proyectos innovadores, flexibles o especializados.

Sánchez no quiere evitar “chiringuitos educativos” (él mismo obtuvo su tesis doctoral en un centro privado que ahora podría denostar como chiringuito). Quiere asegurarse de que solo sobrevivan los grandes mamotretos burocráticos que reproducen la estructura pública: caros, inflexibles y estandarizados. Si una institución pequeña y especializada quiere ofrecer un buen grado con profesorado cualificado y enfoque práctico, pero sin cumplir los nuevos requisitos de escala, quedará automáticamente excluida. No se protege al estudiante; se protege al establishment académico.

El discurso oficial es profundamente paternalista. Se parte del supuesto de que los ciudadanos no saben elegir y que el Estado debe protegerlos de su propia ignorancia, impidiéndoles acceder a universidades que —por definición— no cumplen con unos estándares que el propio Estado define. La libertad de elección queda supeditada al control político.

Además, el nuevo marco discrimina a las universidades online, precisamente las más prometedoras en términos de eficiencia,accesibilidad y adaptación tecnológica. En lugar de fomentar su desarrollo, el Gobierno las somete a una supervisión parlamentaria extraordinaria, como si fueran una amenaza para la democracia.

Esta reforma no busca calidad, sino control. No persigue la excelencia, sino el conformismo. El sistema universitario español no necesita más intervención estatal, sino más competencia, más diversidad y más libertad. Pero claro, si eso implica poner en cuestión el monopolio público y los privilegios sindicales, entonces la respuesta del Gobierno es clara: cerrar el mercado antes de que alguien lo abra.