Fuerte tirón de orejas del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno de Pedro Sánchez por su falta de soluciones a la problemática de la falta de vivienda y el incremento de precios, tanto de la venta como en el alquiler, y reclama que se aprueben medidas para impulsar el aumento de la oferta y que se acometan acciones específicas en las comunidades autónomas. Además, exige que se favorezca la continuidad en activo de trabajadores en edad de jubilación, flexibilizando las condiciones de trabajo, advierte sobre los efectos perniciosos de la reducción de jornada, sobre la que dice que "debe diseñarse cuidadosamente para mitigar los efectos adversos" sobre las empresas, y vuelve a reiterar los problemas de productividad de sector productivo y la insostenibilidad de las pensiones..

Estas son algunas de las reclamaciones plasmadas en el informe de evaluación de la economía española, en el que este organismo dedica un apartado a la vivienda y subraya que el rápido aumento de los precios en el sector residencial debería ser contrarrestado mediante medidas que estimulen la oferta y no la restrinja, como está ocurriendo en la actualidad. Aunque reconoce que el Plan de Recuperación ha dado un "mínimo" impulso al parque de vivienda social, cree que "se debe priorizar el aumento de la oferta, especialmente en zonas con escasez de suelo".

En este sentido, el FMI no acaba de ver con buenos ojos la reforma de la Ley de Suelo, ya que no logra acelerar y simplificar la tramitación de permisos para el sector de la construcción, que pueden llegar a tardar más de una década en obtenerse. Si se aprobara un cambio en este sentido se "optimizaría la planificación urbana y se ampliaría el suelo urbanizable". También critica que las autoridades no planteen medidas específicas para zonas donde la escasez de suelo es menos intensa, en las que la sobrevaloración de los precios de las viviendas no es una preocupación, como en ciudades medianas o pequeñas del interior. "Las medidas específicas orientadas a la demanda pueden facilitar el acceso a la propiedad de la vivienda para personas solventes pero con limitaciones de liquidez".

Estas recomendaciones en materia inmobiliaria coinciden casi al dedillo con las publicadas esta misma semana por la Comisión Europea (CE), que reclamaron la modificación de la Ley de Suelo para desbloquear proyectos estancados porque "mejoraría la inversión en infraestructuras y vivienda, que siguen por debajo de los niveles prepandemia".

Por otro lado, reprocha la brecha de productividad y la débil recuperación de la inversión desde la pandemia, "prácticamente igual que hace 25 años". El FMI aboga por marcos fiscales, de gasto y regulatorios "más claros y predecibles" para las empresas, así como por mercados más integrados y por eliminar barreras a la financiación de empresas nuevas e innovadoras. El informe incide en que la brecha apenas se ha reducido en los últimos años y duda de "si esa evolución reciente de la productividad de España en comparación con el resto de Europa será temporal o estructural".

El organismo también afea al Gobierno que no potencie que las pymes españolas ganen tamaño, al no impulsar políticas que permitan ganar peso a las empresas, que muchas veces "prefieren no crecer para no traspasar umbrales de plantilla o de facturación que generan mayores obligaciones laborales e impositivas".

El texto pone también el acento en el proyecto de ley que prevé la reducción de jornada hasta las 37,5 horas semanales impulsado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre el que dice que "debe diseñarse cuidadosamente para mitigar los efectos adversos" sobre la producción o la remuneración, y su impacto en la viabilidad de las empresas. Avisa de que "las experiencias pasadas en otros países con reducciones de la semana laboral apuntan a un efecto ambiguo sobre el desempleo y a impactos adversos en la producción y crecimiento salarial posteriores a la reforma".

De cara a mejorar la flexibilidad para la aplicación de la futura norma, el FMI propone que ésta "debería preservar el importante papel de la negociación colectiva para acomodar la heterogeneidad intersectorial, incluyendo la distribución total de horas a lo largo del año y la fijación tanto del nivel como de la remuneración de las horas extra".

En cuanto a las pensiones, tampoco cree que se haya acertado con las reformas, que no aseguran la sostenibilidad en el tiempo. Por ello, reclama una nueva reforma del sistema de pensiones para tratar de cerrar "la creciente brecha proyectada" para las próximas décadas entre el desembolso para las prestaciones y las contribuciones a la Seguridad Social, en la que se amplíe el cómputo de años cotizados para el cálculo de las prestaciones. El objetivo es que se pondere "un conjunto equilibrado de opciones de reforma, incluyendo una mayor prolongación del período de cotización utilizado para el cálculo, para ajustarlo mejor a los ingresos profesionales promedio de los trabajadores", tal y como sucede en la mayoría de economías avanzadas. Además, apuesta porque estas medidas se combinen con incentivos para que los trabajadores de más edad permanezcan más tiempo en el mercado laboral, que se mejoren los márgenes fiscales aprovechando "el sólido impulso del crecimiento" del último bienio.

En este contexto, el Fondo señala otro de los problemas que avanzan en España: el envejecimiento de la población. Apuntan que supondrá una presión añadida para las finanzas públicas, que solo podría mitigarse fomentando una mayor participación laboral, después de que el alza de la edad legal y los incentivos a la jubilación demorada ya hayan propiciado un aumento de la edad efectiva de retiro de casi un año desde 2019, al pasar de 64,4 a 65,2 años.

Dentro de estas mejoras se incluye la flexibilización de las condiciones de trabajo a las personas de mayor edad, para evitar que acaben jubilándose anticipadamente por falta de opciones que favorezcan su continuidad en activo. El FMI considera que en ocasiones la retirada es involuntaria y obedece a la imposibilidad de adaptar la jornada al deterioro de las condiciones de salud, al cuidado de familiares o al mantenimiento de las habilidades demandadas.