El voraz deseo recaudador de las Administraciones con las renovables que puede frenar la transición ecológica

El Estado y los gobiernos autonómicos han puesto el punto de mira recaudador en el desarrollo de las energías renovables. El nuevo canon aprobado en el País Vasco es el último ejemplo. El Ejecutivo autonómico ha incluido en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático una tasa a los proyectos renovables que se instalen en la región, parques eólicos y fotovoltaicas.

Los socios del Gobierno vasco (PNV y PSE-EE) han presentado un amplio abanico de enmiendas al proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático donde se incluye la creación de este canon a las instalaciones renovables en suelo no urbanizable que generen energía eléctrica. Tendrá carácter retroactivo, es decir, que se aplicará tanto a la energía eólica como a la fotovoltaica implantadas en el País Vasco con anterioridad a la entrada en vigor de ley —prevista para el 1 de enero de 2025—, como para las que entren en funcionamiento después.

La intención del Ejecutivo es que la normativa se apruebe este primer trimestre, antes de que el lehendakari, Íñigo Urkullu, convoque las próximas elecciones autonómicas.

Este nuevo tributo sigue la estela de los aprobados en otras comunidades autónomas, a pesar del impacto negativo sobre los futuros desarrollos que pueden tener, ya que estos cánones suponen costes añadidos que reducen la rentabilidad de los parques eólicos y solares, que resultan cruciales para impulsar la transición renovable.

La pionera en instaurar impuestos autonómicos a las renovables fue Galicia. En el año 2009, esta región impuso un canon eólico a la instalación de aerogeneradores en los parques eólicos que estén dentro de su territorio o solamente de aquellos que abarquen suelo gallego y de otra comunidad colindante. Siete años después, en 2016, el Tribunal Supremo avaló el canon del Ejecutivo gallego a los parques eólicos en el que se gravan mediante un tributo extrafiscal las «afecciones e impactos visuales y ambientales adversos sobre el medio natural y sobre el territorio» de este tipo de instalaciones.

Además, este 2024 tramitará una ley que contempla la creación de otro canon, en este caso, aplicado a las infraestructuras necesarias para evacuar la electricidad generada por las plantas eólicas marinas. Los ingresos obtenidos a través de este mecanismo se destinan a los municipios donde se encuentren las estaciones y subestaciones eléctricas, así como otras infraestructuras relacionadas con la transmisión de la electricidad generada por los molinos marinos hacia tierra firme.

Pero Galicia y País Vasco no son las únicas comunidades en las que los gobiernos regionales gravan –o quieren hacerlo– la generación renovable. En Aragón, el nuevo Ejecutivo autonómico de Jorge Antonio Azcón sigue adelante con el proyecto del anterior Gobierno socialista para gravar a la energía eólica y, como novedad, también a las plantas fotovoltaicas. Por su parte, Castilla-La Mancha cuenta con un canon eólico desde 2011, mientras que Castilla y León aplica desde 2012 un impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos, por las centrales nucleares y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

Una de las últimas comunidades autónomas en implantar un gravamen sobre las instalaciones de renovables ha sido Cantabria, que en 2022 aprobó un canon por la implantación en suelo rústico de parques eólicos y fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía generada a la red.

Estos tributos generan unos ingresos a las arcas públicas de las autonomías donde están ya en vigor —Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Galicia— de unos 100 millones de euros anuales. Castilla y León es la que más dinero ha logrado para sus arcas dado que el año pasado recaudó 61,9 millones de 289 declaraciones del impuesto presentadas sobre afección ambiental.

Junto a estos tributos autonómicos, las instalaciones renovables deben soportar el impuesto del 7% a la generación eléctrica reinstalado por el Gobierno a principios de este año, un coste extra para los productores de electricidad españoles, que se ven perjudicados respecto a los competidores fronterizos, con menos trabas fiscales en sus territorios.

El Gobierno no discrimina ningún tipo de generación a la hora de fiscalizar, ya que el impuesto se aplica directamente tanto a las energías renovables (eólica e hidroeléctrica) como a la nuclear, que tampoco emite CO2.

El efecto directo de este impuesto es que acaba con la ventaja competitiva que suponen unos precios de la energía más baratos como son los renovables y, de paso, impacta negativamente sobre los costes de la industria, ya bastante sobrecargados. Según la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), la gran industria española gastó en 2023 más del doble que la francesa en su factura eléctrica. Los precios de la energía eléctrica son un «asunto vital puesto que la electricidad llega a representar el 50%» de los costes de producción de las industrias.

La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) y la Asociación Empresarial Eólica (AEE), de la que forman parte las principales compañías energéticas del país, han advertido de que este tipo de impuestos autonómicos que empiezan a extenderse por todo el país amenazan el desarrollo renovable, ponen en peligro miles de millones de euros en inversiones y miles de empleos. Además, consideran que pueden ser contrarios al marco fiscal europeo en materia de fiscalidad energética y de desarrollo y penetración de renovables.