Sánchez va a un choque con la Justicia

Como ya publicó LA RAZÓN el pasado 13 de febrero al dar cuenta de la decisión de del secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, de tramitar la petición de un indulto para la ex consejera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, condenada por el Tribunal Supremo a 12 de años de cárcel por sedición y malversación agravada, desde algunos sectores del PSOE se está presionando al Gobierno para que acceda cuanto antes a la concesión de la medida de gracia, que, según todos los indicios, comenzará su trámite a primeros de marzo, como un gesto a los separatistas catalanes que abra la vía a la aprobación de los Presupuestos y garantice una cierta estabilidad política.

Ciertamente, el caso Bassa serviría como punta de lanza para librar de las condenas al resto de los golpistas, lo que supondría otorgar una amnistía encubierta, soslayando la prohibición expresa de nuestro ordenamiento jurídico. La concesión o no de un indulto es facultad del Ejecutivo, si bien tiene que pasar primero por el informe de carácter consultivo del tribunal sentenciador, en este caso la Sala Segunda del Supremo, y de la Fiscalía. Pero, ya decimos, se trata de dictámenes preceptivos, pero no vinculantes, con lo que la competencia última recaerá sobre el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez. A nadie se le oculta que una decisión favorable al indulto de Bassa, que ni ha asumido la responsabilidad de sus actos, puesto que se considera inocente, ni ha mostrado arrepentimiento alguno, abre la posibilidad nada remota de un choque gubernamental con la Justicia, que no sólo se vería desautorizada, sino que perdería fuerza moral para seguir persiguiendo los delitos cometidos por los nacionalista catalanes en su desafío a los principios constitucionales, amén, como hemos advertido en reciente nota editorial, de trasmitir a la opinión pública, no sólo la de Cataluña, el mensaje inequívoco de que los delincuentes condenados por el «procés» han sido víctimas de un Estado opresor.

Si la permisividad carcelaria de la Generalitat ya supone un desprecio a la actuación de los tribunales, que sea el Gobierno de la nación quien tire por tierra la legitimidad de las sentencias, por una mera cuestión de coyuntura política, nos lleva por caminos inexplorados, pero en cualquier caso azarosos, sobre las garantías constitucionales que establecen que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y merecen el mismo trato de los poderes públicos. La cuestión se complica porque aún están pendientes de sentencia o incursos en procedimientos judiciales varios implicados en los hechos que desembocaron en la rebelión de octubre. Ayer, sin ir más lejos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido procesar al ex secretario general de Economía y diputado de ERC, Josep Maria Jové, y al ex secretario general de Hacienda, Lluís Salvadó, por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos por su participación en la organización del referéndum ilegal. Lo ha hecho a instancias de la Fiscalía, apoyada en los informes y atestados de la Guardia Civil y de otros elementos de convicción reunidos en las diligencias judiciales.

Nada más demoledor para la legitimidad de nuestra democracia, que garantiza la división de poderes y la independencia de ejercicio de los jueces y magistrados, que la simultaneidad del procedimiento judicial, con todas sus garantías procesales, mientras el Gobierno de turno pone en la calle a unos políticos condenados por los mismos hechos de los que se acusa a Jové y Salvadó. No es sólo lo que tiene de presión política intolerable sobre los tribunales, sino el desaliento que lleva a quienes están más directamente involucrados en la defensa de la Ley, que es la defensa de los derechos de todos los ciudadanos.