Que el Gobierno gestione la pandemia

La manera en cómo ha sido levantado el estado de alarma demuestra una improvisación impropia después de casi un año y media de pandemia. Hay una contradicción que, de no resolverse, sólo va a llevar a persistir en el caos: el Gobierno ha derivado a las comunidades la responsabilidad de la gestión directa de la epidemia, pero sin darle instrumentos legales para disponer de medios adecuados. Por contra, el Gobierno tomó una decisión con la que se desentendía de las medidas a tomar en cada territorio: que los respectivos tribunales superiores de las Comunidades decidieran las medidas que se pueden aplicar en función no de criterios sanitarios, sino de que se conculque algún derecho.

«No hay necesidad alguna», zanjó ayer el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sobre el hecho de que tras el estado de alarma pueda existir otra legislación, en contra de la reiterada propuesta del PP de un plan jurídico, que llevó al Congreso, para mantener ciertas restricciones, en base a la ley general de salud, de Sanidad y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que suponía la reforma de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986. Lo paradójico es que el Gobierno persista en negar esta legislación precisamente diciendo que hay «montones de normas». El efecto causado por esta improvisación ya lo hemos visto este fin de semana, con un incumplimiento masivo de las mínimas normas sanitarias de control del virus. El argumento expuesto ayer por Campo es de una inconsistencia que parece estar siguiendo todavía un argumentario electoral, de manera que a la propuesta del PP de «un plan de acción» nacional y no 17 planes, se limitó que «es infumable» que las comunidades deban administrar derecho fundamentales. Que el ministro de Justicia no sepa que es la administración territorial la que ha asumido toda la gestión de la pandemia, explica muchas cosas de lo que está sucediendo y, sobre todo, de la estrategia de Sánchez: la responsabilidad última nunca es suya.

Su papel, de nuevo, está en lanzar mensajes como «estamos tan solo a cien días de lograr la inmunidad de grupo» o vaticinar que para «antes que termine el verano» habrá un 70% de la población inmunizada. Obviamente, deseamos que llegue ese momento, pero para que se alcance es necesario que se aplique un criterio común –con aplicación diferenciada por comunidades según la incidencia del virus– y que se transmita a determinados sectores de la población que el vencimiento del estado de alarma no es el final de pandemia. A falta de medidas, buena es la propaganda, y exagerar para no aceptar los errores propios. «La peor calamidad que ha sufrido la humanidad en estos últimos cien años» dijo ayer desde Atenas del Covid-19. Por encima de las dos guerras mundiales, de Hiroshima, del Holocausto y tantas matanzas políticas.