Una reforma lesiva y un enredo político

España encadena tantas reformas del mercado de trabajo que es complicado realizar su seguimiento. En su mayoría, sino todas, han seguido patrones comunes –sin consenso– con distintos rendimientos, pero uniforme en cuanto a no proveer de un marco que consolidara tasas de empleo homologables con nuestro entorno. Es una realidad, que las regulaciones se han convertido en una cadena que ha conducido hasta un presente en el que ocupamos un liderazgo consolidado como fábrica de desempleados en la Unión Europea, especialmente sangrante en el caso de los jóvenes.

El gobierno socialista comunista aprobó ayer el real decreto ley con otra nueva reforma laboral que, en principio, estaba llamada a enterrar a la legislada por el PP en 2012, criminalizada por la propaganda de la izquierda y los sindicatos como un ataque a los trabajadores. El tiempo ha demostrado lo contrario, hasta el punto en que ha sido un instrumento de Pedro Sánchez frente a la crisis de la pandemia. Este último estropeado injerto a la legislación laboral no es ni en el fondo ni en la forma lo que la nación necesita. La elección del decretazo y no de un proyecto de ley evidencia la pobre voluntad de transaccionar y atender al resto de grupos, incluso a los aliados de Moncloa. Aunque se trata de una intervención de mínimos, supone pasos atrás sobre lo existente y coloca palos en las ruedas de las empresas.

De hecho, la principal virtud esgrimida por Sánchez o Yolanda Díaz, ayer mismo, fue que es el producto del diálogo social y de un pacto con sindicatos y empresarios. No es así, al menos en lo que a la CEOE compete. El acuerdo no cuenta con el respaldo de notables sectores productivos y del empresariado. De lo que sí puede presumir es de la adhesión de directivos de la organización encabezados por Antonio Garamendi, que se ha prestado a la complicidad con una normativa lesiva cuya virtualidad más notoria es que atiende sobre el papel el requerimiento de Bruselas para liberar fondos europeos. Por su contenido, es muy improbable que ayude a crear el trabajo que los españoles necesitan. No compromete flexibilidad laboral, bajada de cotizaciones o reducción de la carga burocrática, sino más bien todo lo contrario, además de que fragiliza la seguridad jurídica.

Se pretende frenar la temporalidad con otra regulación de contratos que añade barreras y no incentiva el empleo. En realidad, los grandes beneficiarios de esta contrarreforma son los sindicatos, a los que se devuelve un poder decisivo en la negociación colectiva y otras ventajas lucrativas. Y, sin embargo, Pedro Sánchez, que se ha garantizado la paz social, con la aprobación de los Presupuestos incluida, ha sumado contra su decretazo laboral a la oposición y a sus socios, que han desnudado la estafa de una derogación del plan del PP que no es tal. «Solo humo», han comentado. Hasta Yolanda Díaz ha sugerido que no era la propuesta prometida por los comunistas. Más presión, líos e inestabilidad en este Gobierno mientras el FMI nos tilda de líderes en paro de Europa y la OCDE nos señala como el de peor comportamiento económico.