La ley de secretos debe ser pactada con el PP

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, también llamado como «de secretos oficiales». Es un conocido compromiso para la puesta al día de una reglamentación con más de cuatro décadas de historia, lo que, en principio, no necesariamente significa que haya quedado desfasada o inoperativa por las secuelas del tiempo. Hay precedentes en uno y otro sentido. En este caso, el objetivo era adecuar la desclasificación de documentos confidenciales a los estándares internacionales, con la homologación a los requisitos de la normativa de la Unión Europea y de la OTAN y los tratados internacionales suscritos. En cuanto al contenido, resulta significativo que Pedro Sánchez haya decidido entregar al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la autoridad en esta materia en detrimento del Ministerio de Defensa, que era el competente en información sensible. Entra dentro del terreno de lo razonable que el presidente estreche e intensifique su control en los asuntos de la mayor relevancia y de estricta confidencialidad para el Estado. Al mismo tiempo, resulta inevitable especular sobre la modificación competencial como una vuelta de tuerca en la politización de un ámbito que debería estar por encima de esas interpretaciones, lecturas e intereses, y como un síntoma más de la pérdida de peso de la ministra Robles en el seno del Consejo de Ministros y en los planes del presidente. La nueva norma establece cuatro categorías de protección y los plazos de desclasificación van de los cuatro a los 50 años en función de la singularidad y en algunos casos podrían prorrogarse más allá. Ese horizonte del medio siglo, incluso más, se presenta como uno de los elementos más controvertidos a la vista además de las reacciones de los grupos parlamentarios. Entendemos que es un plazo excesivo y cuestionable que casa con dificultad con la transparencia imprescindible en una democracia de calidad. Siempre habrá un espacio de penumbra inaccesible para la opinión pública como materia clasificada, pero su recurso tendría que ser restringido por más que entendamos, y es obligado insistir, en el interés nacional de que los secretos de Estado queden a buen recaudo lejos de la luz y los taquígrafos durante un tiempo prudencial. Se aguarda una tramitación parlamentaria, que no se antoja breve, que podría incluso no culminar en lo que resta de legislatura, y compleja para el Gobierno. Moncloa se ha equivocado –ya es premeditado y alevoso– al excluir al principal partido de la oposición, llamado a tomar el relevo del PSOE. La ley de los secretos oficiales carece de sentido si no está garantizada su perdurabilidad, casi imposible si Sánchez no la acuerda con los populares y se obceca en apartarlos. Primar a sus socios, incluidos los proetarras de Bildu, reconducir las críticas y los amagos de Unidas Podemos contra el proyecto, entrevista con Yolanda Díaz mediante, podrá aportar los votos a un texto que, sin embargo, nacerá muerto sin la oposición.