Editorial
Un acuerdo imposible para Núñez Feijóo
Feijóo, con el respaldo cerrado de su partido, ha hecho lo único que cabía hacer ante el desafuero que prepara el Gobierno.
Cabe preguntarse en qué situación habría quedado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante sus votantes y, también, ante una parte sustancial de la sociedad española, si la indiscreción de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el debate presupuestario no hubiera revelado el doble juego socialista en las negociaciones de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y cabe hacerlo, entre otras razones, porque le iba a resultar muy difícil al líder de la oposición justificar un pacto de Estado, que pretendía reforzar la independencia de la Justicia, con un Gobierno dispuesto, por la vía de la reforma del Código Penal, a dejar en agua de borrajas una resolución capital del Tribunal Supremo, como es la sentencia condenatoria de los impulsores del golpe secesionista en Cataluña.
Es, pues, evidente que la posición adoptada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, imposibilitaba cualquier acuerdo en el marco judicial, no dejando otra salida al PP que la ruptura de las negociaciones. Por supuesto, el inquilino de La Moncloa comete un error político de fondo cediendo ante los nacionalistas catalanes en un asunto tan sensible para el conjunto de la opinión pública española como es la impunidad sobrevenida de quienes trataron de destruir la integridad territorial de la Nación, con desprecio absoluto a nuestro orden constitucional, y que, de esta forma verán expedito el camino para regresar a las instituciones, pero, aún con ser grave, hay un peligro mayor. Que el Gobierno se embarque en una huida hacia adelante y, como proponen los socios comunistas, aproveche la suspensión de las negociaciones para resucitar el engendro legal de acometer la elección de los vocales del CGPJ por mayoría parlamentaria simple, pretensión que tuvo que ser retirada ante la fulminante reacción en contra de la Comisión Europea, cuyo criterio es diametralmente opuesto a la cooptación del Poder Judicial por el Ejecutivo.
De toda evidencia, nos hallaríamos ante una fractura mayor del consenso democrático, de graves consecuencias, pero, al parecer, la obsesión del jefe del Ejecutivo es terminar la legislatura en La Moncloa cueste lo que cueste, para lo que necesita el apoyo parlamentario a los Presupuestos. Es de esperar que las terminales de la propaganda gubernamental armen la especie de que ha sido la intransigencia del Partido Popular la que ha llevado a este callejón sin salida, que no deja otra opción al Gobierno que abordar el cambio en el sistema de elección.
Pero no es cierto. Alberto Núñez Feijóo, con el respaldo cerrado de su partido, ha hecho lo único que cabía hacer ante el desafuero que prepara el Gobierno. El pacto era imposible en estas circunstancias y, en nuestra opinión, la mayoría de la sociedad española estará de acuerdo en que al líder popular no le quedaba otra opción digna.
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