Opinión

La izquierda no es dueña de la Universidad

Reivindicar la suprema misión de la institución en democracia es un deber de los poderes públicos. Tanto como excluir de ese ámbito a quienes manipulan y corrompen su espíritu

Editorial La Razón

En democracia las instituciones para confrontar los proyectos políticos y depurar las estrategias partidarias están bien delimitadas. La Universidad no se encuentra entre ellas. Su papel en la vida nacional se circunscriben al saber, el conocimiento y el debate sin dogmatismos ni censuras. Esa discusión, la exposición de las ideas, de todas ellas, la controversia, los fundamentos medulares de la naturaleza y el espíritu de la institución de la enseñanza superior pertenecen a un plano absolutamente extraño a la refriega y el cuerpo a cuerpo que domina hoy en el escenario institucional y público envilecido y polarizado por intereses muy concretos. Desde hace unos años, con la entrada en la escena de la izquierda antisistema, que ya anidaba y se ramificaba en específicos reductos de conocidas facultades, la intolerancia promovida por los grupos antisistema de los círculos podemitas, separatistas o bilduetarras ha estrechado las esferas de libertad y ha alterado la convivencia en el templo destinado a reivindicar y amparar el conocimiento y la convivencia. Esa extrema izquierda se comporta como si los pasillos, los despachos y las aulas fueran de su propiedad y el derecho de admisión se ejerciera en función de una voluntad arbitraria. La intransigencia con el diferente se concreta en coacciones e incluso en violencia, y los escraches han sido carta de naturaleza contra liberales, conservadores o meramente constitucionalistas. La izquierda y sus aliados aspiran a colonizar la Universidad, como lo han hecho con otras instituciones del Estado. El fin justifica cualquier medio. El grado de envilecimiento y decadencia del presente tiempo político se evidencia a diario con un Gobierno, que, como el ministro Subirats, alienta y justifica episodios de coerción como el que se organizó ayer en la Universidad Complutense para reventar el acto de reconocimiento a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, como antigua alumna y hoy primera autoridad política de los madrileños. Ni los insultos ni las amenazas ni la intimidación deben tener espacio y menos comprensión en la Universidad. Resultaron especialmente bochornosas las complicidades de los regidores políticos que se alinearon con el matonismo y la turba. Sería injusto, claro, pensar que esa mancha denigra a la mayoría que no pueden representar los fanáticos activistas en las aulas ni el sectarismo político asentado en despachos departamentales, e incluso en algún decanato y rectorado. La Universidad no es ni puede ser un campo surcado de trincheras ni una picota para el linchamiento y la violencia contra nadie, sino un reducto en el que el saber, el pensamiento, el debate y la sana discrepancia puedan acogerse a sagrado. Reivindicar la suprema misión de la institución en democracia es un deber de los poderes públicos. Tanto como excluir de ese ámbito a quienes manipulan y corrompen su espíritu.