El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró ayer en el Congreso que «estaba dispuesto a asumir las consecuencias» del reconocimiento de Palestina como Estado, previsto para el próximo 28 de junio. El problema es que ese acto gratuito y hostil con Israel afecta al conjunto de la Nación, por cuanto sitúa a España a extramuros del consenso de las grandes potencias occidentales y envía un mensaje muy preocupante a la comunidad internacional, como es «que el terrorismo paga», pues no nos hallaríamos en las actuales circunstancias de no haberse producido el brutal e inmisericorde ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra la población civil israelí.

La decisión, además, viene precedida de una campaña insultante contra el gobierno de Tel Aviv, impulsada por los socios de la izquierda radical del Ejecutivo español, que acusa a Israel de perpetrar un genocidio, al tiempo que niega el derecho a la defensa de un pueblo que lleva décadas soportando el bombardeo de cohetes y misiles por parte de grupos terroristas palestinos, con el objetivo declarado de echar a los judíos al mar. Que, además, potencias extranjeras como Irán aprovisionen los arsenales de Hamás y de Hizbulá, coloca a Israel en la insólita posición de país agredido, al que la izquierda occidental exige una contención que no reclama a los agresores.

Todo indica que Pedro Sánchez ha tomado esa decisión, por supuesto, sin consenso político, por meras razones de conveniencia interna y en plena campaña electoral para el Parlamento Europeo que se pretende plebiscitaria desde La Moncloa. Que haya coordinado el anuncio con Irlanda y Noruega, país este último que no pertenece a la Unión Europea, coloca a España en los márgenes de la política exterior comunitaria, por cuanto Francia, Alemania e Italia, por citar los tres países más determinantes de la UE, mantienen el rechazo al reconocimiento palestino, especialmente, mientras dure el estado de guerra.

Precisamente, la respuesta del gobierno israelí, llamando a consulta a sus embajadores en Madrid, Dublín y Oslo, y advirtiendo de consecuencias graves no puede desligarse de la situación bélica en Gaza, pues la decisión, con todos los matices que se quieran introducir, supone un respaldo inequívoco a Hamás, cuya resistencia, amparada detrás de una población devenida en «escudos humanos», no parece que vaya a cesar en un tiempo corto.

Por último, a la espera de que la nota del Consejo de Ministros aclare en qué términos se produce el reconocimiento por parte de España y a qué se obliga nuestro Gobierno con el nuevo «Estado», cabe preguntarse si la opinión pública española está de acuerdo en incorporar como interlocutores a los representantes de un modelo de islamismo radical, que incumple la mitad de los artículos de la Carta de Derechos Humanos.