Cuando un magistrado emérito del Tribunal Supremo del prestigio de José Antonio Martín Pallín, referente del pensamiento progresista en los tribunales, señala la conveniencia de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reflexione sobre su asistencia o no a la ceremonia solemne de apertura del Año Judicial, cabe anticipar que será la tensión inducida por el Gobierno la que, como telón de fondo, enrarecerá uno de los actos oficiales más representativos en una sistema democrático, el que celebra la existencia independiente de un Poder Judicial, que es garantía de la defensa de los derechos de los ciudadanos y el órgano que vela por el cumplimiento de la ley, sin excepciones. En este sentido, sería muy ingenuo atribuir a una mera coincidencia temporal la escalada gubernamental, iniciada hace una semana por el propio jefe del Ejecutivo, contra algunos de los jueces que llevan a cabo la instrucción de los supuestos delitos cometidos por el entorno más cercano, familiar y político, de Pedro Sánchez, así como la defensa cerrada del fiscal general imputado. Al contrario, todo indica que desde La Moncloa se insiste en extender al ámbito de la Justicia la misma estrategia de la tensión que en el resto de la sociedad, por entender que la polarización política entre los ciudadanos y el enfrentamiento ideológico beneficia a las posiciones de la izquierda gobernante. Mucho mejor si en el conflicto se puede mezclar la figura del jefe del Estado, como si el rechazo que suscita el fiscal general imputado o el ministro de Justicia, como representante del Poder Ejecutivo, fuera extensible a Su Majestad, lo que no es el caso en absoluto. Si el líder de la Oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ausenta del acto, nada tiene que ver con la Corona, que ni siquiera es la institución convocante, sino con el rechazo a esa política divisiva del sanchismo, que, como hemos señalado, no tiene el menor empacho a la hora de extender la sospecha de prevaricación sobre todos aquellos jueces y magistrados que le molestan. Es una decisión política perfectamente legítima, más aún porque ni Feijóo ni el Partido Popular están directa o indirectamente concernidos por las actuaciones judiciales puestas en duda por el Gobierno y sus allegados, es decir, que no admite comparación con el boicot que hizo el PSOE a este mismo acto en 1998, cuando la sentencia del Supremo por el caso Marey cayó como una losa sobre algunos de los más caracterizados dirigentes socialistas. En cualquier caso, lo importante es que el intento gubernamental de tensionar la Justicia no conseguirá que nuestros jueces y magistrados, nuestros fiscales, al menos, en su inmensa mayoría, dejen de cumplir con su deber en una democracia que, como todas las que son dignas de tal nombre, se basan en la separación de poderes y en el respeto de sus ciudadanos a las normas de convivencia en libertad.