Las democracias no hacen presos políticos

La idea de que una medida de gracia como la amnistía, por más restringida que sea, no tiene otros efectos políticos y legales que los buscados por sus promotores no sólo carece del menor fundamento, sino que abre caminos complejos para nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, porque el reconocimiento de hecho de que la democracia española ha conculcado derechos fundamentales, con la participación directa, además, del sistema judicial y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, convierte en legítima la intentona golpista del procés y en víctimas de la opresión a sus promotores.

En segundo lugar, pero no menos importante, porque pone en entredicho un marco constitucional que es la arquitectura sobre la que se basa la convivencia en libertad de todos los ciudadanos. Si el intento de secesión de una parte del país no es delito, si tampoco lo es que un parlamento autonómico legisle contra su propio estatuto y convoque un referéndum en contra del dictado de las leyes, tendríamos a un Estado en situación de indefensión y con su legitimidad de origen en cuestión.

Nos opusimos en su momento a la concesión de los indultos que llevó a cabo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como pago al apoyo parlamentario del nacionalismo catalán y en contra de la opinión del tribunal sentenciador, pero se trataba de una medida de gracia contemplada en el ordenamiento jurídico, que suponía el reconocimiento de los ilícitos penales y de la legitimidad de las penas sentenciadas por lo jueces.

Sin embargo, lo que ahora se pretende va mucho más allá. Por ello, culmen de la transición de un régimen dictatorial a la democracia y con la amnistía de 1977 –que no sirvió para acabar con la violencia terrorista– presente en el ánimo de los padres constituyentes y tras unos debates parlamentarios que abordaron todos sus artículos con detenimiento, la Constitución estableció la prohibición de los indultos generales, pues la democracia no admite delitos colectivos, y rechazó, incluso, la idea de la amnistía.

Porque los españoles, contra todas las dificultades, y el reguero de sangre de las pistolas etarras no era la menor de ellas, se dotaron de un régimen de libertades plenas, políticas y públicas, bajo el sistema de una democracia plena, de las pocas que existen en el mundo. La Carta Magna contiene las previsiones para su reforma y estipula los procedimientos, que pasan por el respeto absoluto a la voluntad del pueblo español y a su soberanía nacional. Sinceramente, no creemos que sea legítimo buscar atajos jurídicos, retorcer el recto sentido del Derecho con argucias de leguleyo para que un número indeterminado de ciudadanos eludan sus responsabilidades penales. Actuaron contra la Constitución y las leyes, y no les amparaba derecho alguno para ello. No fueron supuestos libertadores de nada, sino delincuentes.