Dos años de la debacle territorial socialista

Se cumplen dos años de unas elecciones municipales y autonómicas que supusieron la debacle territorial del partido socialista en el poder y que están en el origen de los problemas de gobernabilidad que embargan al gobierno de la Nación y que lastran las posibilidades de crecimiento económico y social de España. En este sentido, hay que agradecer a los arquitectos del sistema autonómico español el diseño de un modelo que palía considerablemente las deficiencias de una gestión gubernamental como la que estamos padeciendo y que ponen en valor otras políticas más razonables e inclusivas como las que desarrolla en la mayor parte de los ejecutivos autonómicos y en el 40 por ciento de los ayuntamientos, incluidos los de 31 capitales de provincia, el Partido Popular.

Y no es fácil, precisamente, cuando ni siquiera rige la más elemental cortesía entre administraciones, como si el hecho de no haber votado por Sánchez o por sus aliados parlamentarios trazara una línea entre ciudadanos de primera y de segunda. Por citar dos escenarios muy significativos de la batalla sectaria planteada por la izquierda, Madrid y Valencia, sus respectivos gobiernos regionales afrontan déficits de financiación y de inversiones públicas que, en el caso valenciano, dificultan las labores de recuperación de la tragedia de la Dana, como si cobrarse la cabeza de Carlos Mazón fuera más importantes que aliviar la carga de los pueblos devastados por la riada.

De Madrid poco cabe añadir al relato diario de la campaña de acoso y derribo que sufre la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, convertida en el objetivo a batir por el Gobierno. Un simple recorrido por el estado de la red de Cercanías explica cómo hacer política partidista del bloqueo de las inversiones públicas. Y aun así, la región madrileña encabeza todos los items del crecimiento económico y social, mantiene los servicios públicos entre los mejores de España y alivia en lo posible la carga fiscal de empresas y trabajadores. Y Valencia, por su parte, suple con esfuerzo presupuestario propio la parsimonia inversora del Gobierno central, pese a ser una de las comunidades peor financiadas de España.

Por supuesto, no es necesario glosar la gestión del resto de las comunidades populares, cuyos índices de desarrollo vienen mejorando en todos los campos, salvo para destacar que el normal desenvolvimiento institucional de su gestión pública contrasta brutalmente con la tensión y la bronca que rodea toda la acción gubernamental. No es cuestión de desdeñar el olfato político de Pedro Sánchez con su cierre abrupto de legislatura y adelanto electoral en plena canícula. Perdió las elecciones pero salvó La Moncloa. Aunque, eso sí, al precio de no poder gobernar ni transformar España. Sólo boqueando con el oxígeno meticulosamente racionado de sus socios de investidura.