Un nuevo caso de contratación irregular en la empresa pública Tragsatec, que hoy revela LA RAZÓN, llevado a cabo en 2024, es decir, cuando José Luis Ábalos ya no contaba, supuestamente, con poder de influencia en el Gobierno y en el PSOE, alimenta las sospechas de que el uso discrecional del empleo público, especialmente el que no pasa por concurso de méritos u oposiciones con luz y taquígrafos, no es un fenómeno puntual, apenas ligado a la trama escandalosa de corrupción presuntamente montada por el exministro de Transportes.

Si fue vergonzosa para la inmensa mayoría de la opinión pública descubrir, tras declaración de parte en sede judicial, que Ábalos y compañía habían pagado parte del coste de una supuesta meretriz con el dinero de todos –ese que no crece en los árboles, sino que es fruto del terrible esfuerzo fiscal al que este Gobierno somete a los ciudadanos, más duro en términos éticos– es descubrir que nadie, absolutamente nadie, en las plantillas de las empresas implicadas, desde el administrativo de menor categoría hasta el presidente, se atrevió o quiso denunciar lo que, a todas luces, era una irregularidad flagrante. Es más, quien pretendió que una de las mujeres favorecidas por su relación sentimental o sexual con el exministro cumpliera, al menos, con la tarea encomendada, obtuvo la indicación directa de los máximos responsables de que no se metiera donde nadie le llamaba.

Sabíamos que la Administración, como demuestra el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno bajo investigación judicial, es propicia a la contratación de amigos y familiares de dirigentes políticos, con casos clamorosos en la Andalucía que gobernó el PSOE o en la Cataluña de la vieja Convergencia, pero que, también, las empresas públicas de prestación de servicios, con tablas salariales que apenas llegan al sueldo medio se utilicen como si fueran una finca socialista es el mejor retrato de la precariedad laboral que sufre este país.

Es más, esas mismas empresas están siendo empleadas cada vez más frecuentemente por las distintas administraciones públicas para la realización de trabajos y servicios con presupuestos a la baja y, por lo tanto, imbatibles, que perjudican al sector privado, que es, por otra parte, el que proporciona el dinero que se llevan los impuestos. Sólo un gobierno en el que predomina la izquierda y que está respaldado parlamentariamente por partidos de izquierda o nacionalistas podría sobrevivir a la vergüenza de unos políticos que se pagaban las prostitutas con el dinero de todos los españoles. Pero ya se sabe que la izquierda española y los nacionalismos son auténticos virtuosos en el empleo del doble rasero. Así que tendremos Gobierno sanchista para rato, ese que presume de su condición de ser el más feminista de la historia mundial.