Europa, resguardo de la Justicia española

Nada puede ser más desalentador para la sociedad española, que se ha dado una de las democracias más plenas del concierto internacional, que el recurso a las autoridades europeas como resguardo de la independencia de la Justicia frente a la letal combinación de un gobierno urgido por sus compromisos electorales con partidos que rechazan el ordenamiento constitucional y un Parlamento convertido en mera caja de resonancia del Poder Ejecutivo.

Pero el espectáculo de unos diputados achacando el delito de prevaricación –el peor del que se puede acusar a un juez en el ejercicio de sus funciones– a unos magistrados citados con nombres y apellidos mientras la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, la tercera autoridad del Estado, guarda un silencio vergonzante, ejemplifica la estrategia de presión sobre las actuaciones judiciales que, por definición, deben desarrollarse con la más absoluta independencia.

Es más, la pretensión de convertir al Poder Legislativo en titular de la soberanía nacional, cuando sólo es su representante, acaba por conducir a las democracias por vericuetos tortuosos para las libertades políticas, como, desafortunadamente, ha ocurrido en Venezuela, por poner un ejemplo sentimentalmente cercano.

Y no cabe llamarse a engaño, porque detrás del bloqueo en la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra la vocación totalitaria de un gobierno de izquierdas, que pretendió por la vía de una reforma legal cambiar el sistema de elección, aprovechando su mayoría parlamentaria, y consiguió impedir que el Consejo en funciones pudiera hacer los debidos nombramientos en los Tribunales, no fuera a ser que los elegidos salieran del sector «poco progresista». Para entender todo el alcance de nuestra afirmación, baste con un repaso de los nombres designados por la mayoría socialista para renovar el Tribunal Constitucional o, más cercano en el tiempo, la elección del letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, por sus hechos, directamente alineado con las posiciones gubernamentales.

No debería, pues, extrañar a nadie que la Comisión Europea, que ya paró el primer golpe al CGPJ, haya abierto una investigación sobre el alcance de la ley de amnistía y esté intermediando en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Tampoco, que la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo se apresure a legislar contra la concesión de medidas de gracia, incluidos los indultos, para quienes malversen fondos públicos, una de las prácticas más aborrecidas por la mayoría de nuestros socios de la UE. Que, ayer, fueran los socialistas españoles quienes votaran en contra de una reforma que endurece los delitos de corrupción pública nos ahorra más comentarios sobre lo delicado de la situación.