Bolaños, Pons y Reynders se volverán a reunir el 12 de febrero para tratar la renovación del CGPJ

El proceso ha comenzado. Entre muchas dudas y un hilo de esperanza, las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, tras cinco años de bloqueo, continuarán en Bruselas el próximo 12 de febrero. Entonces volverán a tener una cita en la capital comunitaria el ministro de Justicia, Félix Bolaños y el vicesecretario de institucional, Esteban González Pons, con la mediación del comisario de Justicia Didier Reynders.

La Comisión Europea aceptó actuar como mediadora, a instancias de PP y PSOE, a cambio de un proceso rápido que no lleve más de dos meses. Se trata de hacer de la necesidad virtud. Reynders, debe solicitar una excedencia del Ejecutivo comunitario tras haber presentado su candidatura para presidir el Consejo de Europa, por lo que España se arriesga a quedarse sin interlocutor, si las negociaciones prosiguen más allá de esta fecha. Aunque en un principio la Comisión había instado a las dos partes a no hacer declaraciones que pudieran poner en cuestión el proceso e inflamar los ánimos en medio de la crispación política, finalmente se optó por un comunicado conjunto de la Comisión Europea con la aquiescencia de las dos partes.

En el texto, se recuerdan las recomendaciones efectuadas en los dos últimos informes sobre el Estado de Derecho en el que se pide proceder a la renovación «de manera prioritaria e iniciar inmediatamente después de la renovación», un proceso para adaptar el método de selección de los vocales a los estándares europeos. Según las recomendaciones de la Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa, esto implica que al menos la mitad de los vocales sean elegidos por los propios jueces, lo que significa arrebatar poder a los partidos políticos. Según el mismo comunicado, las dos partes «se han comprometido claramente a colaborar para garantizar la aplicación de la recomendación de la Comisión».

Tras este encuentro de una hora y media, Bolaños compareció ante los medios de comunicación sin dar demasiados detalles sobre el método elegido para que se produzca la ansiada fumata blanca. «Es esencial para la normalidad institucional que lleguemos a un acuerdo. Por nuestra parte, no va a quedar», aseguró Bolaños. «Puede que sea la última oportunidad de alcanzar la normalidad», alertó el ministro mientras explicaba a los medios de comunicación la necesidad de ser discreto para que las negociaciones no descarrilen.

Mucho más cauteloso se mostró González Pons. «Hay suficientes garantías como para aguantar esta conversación como mínimo una semana más», declaró tras arremeter duramente contra el Ejecutivo ya que «negociar con el Gobierno de Sánchez significa ser pesimista». En todo caso, nadie sabe muy bien qué va a pasar a partir de ahora. Pons explicó que «nada estará acordado hasta que todo lo esté», la vieja máxima de las negociaciones europeas y que las próximas rondas negociadoras pueden ser maratonianas, sin límites de tiempo. «Va a ser un diálogo amplio que si se resuelve favorablemente se resolverán más cosas aparte de la renovación del Consejo General», declaró de manera criptica, dejando la puerta abierta a que esto incluya tanto la reforma del sistema de elección de los jueces como otros temas que no quiso detallar.

En un primer momento esta iniciativa de pedir la mediación del Ejecutivo comunitario partió del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien en su reunión con el presidente del Gobierno el pasado 22 de diciembre, se lo propuso y éste aceptó. El Ejecutivo comunitario reaccionó al principio con una mezcla de sorpresa e incluso ciertas reservas, pero acabó aceptando este proceso inédito. «Fuimos nosotros quienes pedimos que la Comisión intermediara, y aquí estamos. Es el lugar donde podemos sentirnos protegidos de las artes que vemos se practican en España», subrayó el vicesecretario de institucional del PP.

Fuentes del PP indicaron tras concluir la reunión que «se van a discutir todos los asuntos del CGPJ tal y como veníamos reclamando». Destacó que éste es el planteamiento que siempre defendió la Comisión Europea y que defiende el PP. «La Justicia española necesita políticos que defiendan a los jueces y no que los controle», apuntan.

Asimismo, advirtieron de que los insultos vertidos en las últimas semanas por los miembros del Gobierno y por sus socios hacia los jueces que no actúan conforme a sus preferencias «hacen más necesaria que nunca» la puesta en marcha de mecanismos que eliminen el control político del órgano de gobierno de los jueces», destacan las mismas fuentes.

El plazo de dos meses que se han dado para cerrar el acuerdo significa que estas conversaciones deben concluir a finales de marzo, dos meses antes de las elecciones europeas, con el objetivo también de no emponzoñar el debate. Mientras tanto, la tramitación de la ley de amnistía continúa y sigue alejando las posiciones de los dos principales partidos españoles.