Mientras el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, encara la realidad de un nuevo invierno en las frías tierras de Bélgica, su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, sacaba el látigo verbal para amenazar la continuidad de un gobierno que se mantiene en la superficie a manotazos, pero que está seguro de que ninguno de sus socios de legislatura irá más allá del bloqueo de algunas leyes demasiado escoradas a la izquierda o del desahogo declarativo de cara a sus votantes. Al menos, esa es la realidad que perciben tanto el PSOE como el Partido Popular, que no dieron la menor importancia a la intervención de la nacionalista catalana, enzarzados en un cruce de acusaciones que cada vez lleva a nuevos territorios de presunta corrupción. En efecto, las sesiones de control parlamentario se solapan con las noticias de nuevos procedimientos judiciales con los socialistas en el punto de mira, obligando a los estrategas de La Moncloa a montar nuevas coartadas que apenas aguantan un telediario. Así, hemos pasado de la negativa del PSOE a reconocer los pagos en metálico, a admitir que se hacían, pero que eran legales, para terminar aceptando la irregularidad de algunos de esos sobres, pero pocos y de escasa entidad. No es de extrañar que la acusación popular, como señaló ayer Alberto Núñez Feijóo, haya pedido al juez que recabe todos los movimientos bancarios de Ferraz desde 2017, especialmente los firmados por un gerente, Mariano Moreno Pavón, que, como hoy publica LA RAZÓN, multiplicó por cuatro las donaciones al partido. No es cuestión de avanzar sospechas sobre la financiación irregular del PSOE, que tendrá que ser determinada por la investigación judicial, pero sí creemos necesario señalar que en algunos de los partidos que apoyan al Gobierno empieza a notarse una cierta incomodidad, conscientes de que sus votantes muestran síntomas de desafección, con el caso de Junts como el más señalado, según los últimos sondeos de opinión. La cuestión estriba en preguntarse hasta dónde llegará la marea y si la estrategia de llevar la bronca a la calle contra los gobiernos autonómicos del PP será suficiente para compensar la cascada de escándalos que está cayendo sobre Pedro Sánchez. Ciertamente, la táctica del inquilino de La Moncloa, en el sentido de negar la mayor, hasta la pura evidencia, permite ganar tiempo al Ejecutivo y, de paso, deja en segundo plano asuntos de tanta gravedad política como que España vaya a encarar su tercer ejercicio consecutivo sin Presupuestos Generales del Estado, un hecho que en cualquier democracia representativa hubiera llevado a la dimisión del gobierno y a la convocatoria de elecciones generales, pero, aquí y a día de hoy, incluso las amenazas de ruptura de un socio insustituible para la continuidad de la legislatura se toman a beneficio de inventario.