Detrás de los graves incidentes tumultuarios ocurridos en la localidad barcelonesa de Mataró, con ataques a la Policía y quema de contenedores llevados a cabo por grupos de jóvenes encapuchados, se encuentra el fenómeno de la «okupación» de viviendas, en este caso, por parte de inmigrantes de origen subsahariano. Como ya sucedió en el pueblo gerundense de Salt, a raíz del desahucio de un imán marroquí, los brotes de violencia están protagonizados por jóvenes de origen extranjero en barrios donde la población inmigrante se ha instalado desde hace décadas sin que, hasta ahora, hubiera habido que lamentar incidentes graves de orden público como los que se están produciendo y que a muchos vecinos traen connotaciones de los problemas de falta de convivencia en las «banlieus» de las grandes ciudades francesas.

Ciertamente, en España estamos todavía lejos de la realidad cultural migratoria gala, pero convendría que nuestra clase política entendiera la zozobra que se vive en algunos barrios populares, especialmente, en Cataluña, situación que está dando pábulo a los discursos del miedo, no exentos de xenofobia, pero que no son del todo ajenos a la percepción íntima de la ciudadanía, como demuestra el auge de algunas opciones políticas extremas, como la formación que preside Silvia Orriols, de tintes netamente racistas contra los musulmanes. Por otra parte, no deja de ser cierto, por más que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, trate de minusvalorarlo, que el fenómeno de la ocupación de domicilios en España está alcanzando una entidad desconocida en la mayoría de los países de la UE con Cataluña, una vez más, a la cabeza del problema, ya que registra nada menos que el 42 por ciento de las denuncias de ocupaciones.

A cualquier gobierno del primer mundo la lógica le dictaría una estrategia de fomento de la construcción de viviendas, tanto de protección oficial como de venta libre, y la aplicación de medidas favorecedores del crecimiento del mercado inmobiliario del alquiler. A cualquier gobierno... menos al que preside Pedro Sánchez. En España, con especial entusiasmo en el País Vasco y Cataluña, se ha hecho todo lo contrario: poner trabas a la disposición de suelo para edificar, considerado «especulación» por una izquierda populista que, luego, clama por la escasez de pisos, y trasladar a los propietarios de viviendas en alquiler la responsabilidad de las instituciones gubernamentales, tanto del Ejecutivo central como de las autonomías, a la hora de facilitar el acceso a una vivienda digna. Política nefasta con el mercado del alquiler que ha hecho que se reduzca la oferta en las grandes ciudades de Cataluña. Con un factor añadido, que España es, detrás de Alemania, el país con más solicitudes de asilo de extranjeros, cerca de 150.00 en 2024, que, como cualquiera, necesitarán un lugar para vivir.