En 2018, se aprobó por ley el trasvase desde la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras de 20 hectómetros cúbicos anuales de agua a la cuenca del Guadalquivir. El proyecto tenía el triple objetivo de garantizar el riego de los cultivos de frutos rojos de la Corona de Doñana, con un volumen exportador de 1.300 millones de euros al año; salvaguardar el acuífero del parque nacional, mediante el cierre de pozos, y, en caso de emergencia por sequía, utilizar una parte de las aguas superficiales para paliar sus efectos en las lagunas.

Podríamos añadir, incluso, una cuarta derivada, porque también se atenderían las necesidades de las urbanizaciones de Matalascañas, horror medioambiental que ya nos ha costado varias sentencias condenatorias de la Unión Europea por la sobre explotación de los acuíferos del parque. Pues bien, en los más de cinco años de gobiernos presididos por el líder socialista Pedro Sánchez no se ha llevado a cabo ninguna de las obras hidráulicas necesarias para llevar a la práctica el citado trasvase. No es sencillo explicar las razones de tal desidia, menos aún, cuando el proyecto resulta, como estamos viendo, de especial necesidad para la economía de la provincia de Huelva y para la conservación de Doñana.

Al contrario, asistimos a una de esas muestras de incoherencia política tan propia del PSOE, que le lleva a defender una cosa y la contraria, según vengan los aires electorales. Ocurre lo mismo con el proyecto autonómico andaluz de la regulación de riegos en la Corona de Doñana –es decir, fuera del área protegida–, el denominado «Plan de la Fresa», que fue gestado bajo los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, el mismo partido que ha denunciado el plan ante la Comisión Europea, en una clásica muestra de oportunismo electoral.

Se podrá criticar al actual presidente del ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, haberse dejado sorprender por una maniobra tan burda, pero su reacción ha sido la única posible en las actuales circunstancias y, en cierto modo, la más adecuada. Por una parte, aplaza, amparado en razones técnicas plausibles, hasta después de la elecciones locales el debate legislativo, que podrá llevarse a cabo en la Asamblea sin las urgencias electorales, y permite a los habitantes de la zona afectada, de neta preponderancia socialista, que se expresen en las urnas. Pero, por otra parte, plantea lo que a nuestro juicio es una proposición impecable: que se plantee un proyecto alternativo, acordado entre los representantes andaluces y el gobierno central, que ofrezca una opción válida para las explotaciones afectadas. Porque la alternativa, que es seguir sin hacer nada, condena al abandono de las explotaciones y contribuye a extender la España vaciada. Con un problema añadido, que vendrán más tiempos de sequía y, entonces, lloraremos por el tiempo perdido.