La amnistía no es un instrumento para el bien común ni responde a una necesidad pública, elementos que pudieron fundamentar la medida de gracia general de 1977, cuando España salía de una dictadura y buscaba vías pacíficas para convertirse en una democracia plena.

Fue medida excepcional, que desde los fundamentos clásicos del Derecho contradecía la buscada consunción del franquismo «desde la ley a la ley» que propició la Transición y así lo entendieron los padres constituyentes que no sólo la excluyeron de la Carta Magna –tras el correspondiente debate parlamentario–, sino que fueron a más al prohibir taxativamente los indultos generales por entender, sin duda, que la España democrática que surgía lo hacía desde la legitimidad de las instituciones y, por lo tanto, de su corpus legal, y no por la imposición de los vencedores de una guerra civil. Entre otras consideraciones, se anulaba el concepto de «delito político», porque cualquier actuación política estaba amparada por el sistema constitucional y sus leyes, fuera de las cuales no cabía justificación alguna.

Pues bien, lo que pretende la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, con su presidente Cándido Conde-Pumpido como máximo responsable, es justificar lo que en otros ámbitos se considera una simonía, como es la compra de La Moncloa por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque haya que poner en entredicho la legitimidad de las leyes, de nuestro estado de Derecho y del sistema constitucional, es decir, la dignidad de la Nación española.

Precisamente, que la ponencia de la magistrada Inmaculada Montalbán no entre en la cuestión de la malversación de fondos públicos puede interpretarse de dos maneras. La primera es clara, puesto que ese aspecto choca con el ordenamiento jurídico comunitario, que, al parecer, sí merece el respeto que no se otorga al español, pero la segunda nos conduce a unas cábalas políticas dignas de Maquiavelo, por cuanto se pretendería mantener a Carles Puigdemont en su actual situación penal todo el tiempo posible, para impedir que, una vez amnistiado y sin ataduras, reventara la legislatura.

En cualquier caso, nos hallamos ante un Tribunal Constitucional al servicio del sanchismo que no tiene el menor empacho en asegurar que aquello que no prohíbe específicamente la Carta Magna puede ser validado, ya sea una amnistía, como es el caso, ya sea, llevando el argumento al absurdo, la esclavitud. Ciertamente, La única bondad que se desprende de todo este penoso asunto es que la opinión pública española entiende perfectamente lo que está pasando y no se deja deslumbrar por alambicadas explicaciones sobre la normalización de Cataluña y la recuperación de la convivencia. Saben los ciudadanos que no es más que una compra venta de votos, que remata Cándido Conde-Pumpido.