Sánchez, en el final de la cuenta atrás

Si bien, como han reconocido desde las propias filas de Podemos, Yolanda Díaz vaya de farol al presentar reticencias y condiciones a la investidura de su actual socio de Gabinete, no parece probable que los partidos nacionalistas –salvo Bildu, entregado a la causa de Pedro Sánchez– se avengan a prestar su apoyo al candidato socialista sin conseguir, al menos, la contrapartida de la amnistía para los delitos cometidos durante el procés y, en última instancia, el compromiso de abordar un referéndum de autodeterminación.

Que, ayer, tras aceptar el encargo de Su Majestad de formar gobierno, Sánchez señalara que la demanda de una consulta de autodeterminación era contraria a sus convicciones políticas tiene, a tenor de la reciente experiencia, un valor relativo. Porque, lo cierto es que el candidato socialista sólo pudo presentarle al Rey el aval de sus 121 diputados –una vez que ni el PNV ni Sumar le aseguraron su apoyo de manera fehaciente– y la convicción personal de que, al contrario de Núñez Feijóo, conseguirá el respaldo necesario entre las formaciones separatistas.

La decisión del Jefe del Estado es, pues, impecable y se enmarca en el estricto cumplimiento del mandato constitucional, una vez que Don Felipe no tiene que entrar ni en el programa del candidato ni en el contenido de los acuerdos de investidura. Aunque, como es evidente, Sánchez haya elegido una mala estrategia política, porque encarecerá innecesariamente el coste de su investidura, en lugar de optar por la opción más lógica, como era la amenaza de una repetición electoral en unos momentos de mayor debilidad de las posiciones independentistas, especialmente, en Cataluña.

De ahí que sea legítimo deducir, más si atendemos a la música de fondo de las declaraciones posteriores del presidente del Gobierno en funciones, que el líder del PSOE tiene encarriladas las negociaciones sobre la amnistía con los representantes del fugado Carles Puigdemont. Se trata de una cuestión mayor para el futuro de la democracia española, como hemos venido señalando reiteradamente, porque, por más que se empeñen los peritos jurídicos de parte, tal medida de gracia está implícitamente prohibida en la Constitución en el artículo que veta los indultos generales, puesto que es sabido que, en Derecho, «quien prohíbe lo menos, prohíbe lo más», por no citar la peripecia del proceso constituyente, en el que quedaron sin atender los partidarios de que la figura de la amnistía se incluyera en la futura Carta Magna.

Asimismo, que Sánchez afirme que se mantendrá dentro del marco de la Constitución no puede significar otra cosa que una expresión de confianza en que los actuales miembros del Tribunal Constitucional, de clara tendencia progresista y presididos por un magistrado como Cándido Conde-Pumpido, accederán a que se cambie nuestro ordenamiento jurídico por la puerta falsa.