Los inspectores desconfían de Educación: “Que pongan en la ley lo que afirman en los despachos”

Los inspectores quieren que el acceso a este cuerpo que vigila el cumplimiento de las leyes educativas y evalúa la práctica docentes en toda España se siga haciendo a través de un concurso oposición, una prueba objetiva en la que tienen que demostrar su profundo conocimiento de la educación y el derecho administrativo. La reforma de la “ley Celaá” elimina el término “prueba” de la redacción final y la sustituye por el de “valoración”, lo que ha levantado en armas al sindicato de inspectores USIE, que está dispuesto a llevar a los tribunales a la propia ministra si esto se mantiene así porque consideran que iría en contra del estatuto básico del empleado público.

Para apaciguar los ánimos, el Ministerio de Educación ha aclarado que en la redacción final se mantendrá el concurso-oposición como requisito para acceder, pero los inspectores no se fían y exigen a los políticos que “pongan en la ley lo que afirman en los despachos. Lo escrito en la norma es lo vinculante, lo demás queda en la hemeroteca y es puro verbalismo”, ha sentenciado.

Su inquietud también obedece a que “ninguno de los grupos proponentes de la enmienda transaccional nº27, origen de este cambio en la redacción de la disposición adicional 12ª 4.b), ha explicado de forma motivada y razonada la supresión del término prueba y sustitución por valoración”.

Desde su punto de vista, “sustituir las pruebas objetivas actuales de la oposición, por una valoración subjetiva que permita el acceso a personas sin la preparación adecuada para el desempeño del puesto de inspector de educación significa renunciar a una inspección educativa independiente, todo un paso decisivo en la degradación del sistema. Demostrar preparación técnica mediante pruebas objetivas es fundamental para garantizar los derechos de toda la comunidad educativa y el cumplimiento de las Leyes”.

De paso han recordado que “de los temas tratados con el Ministerio referidos a la inspección de educación en los dos últimos años, apoyados por todas las entidades profesionales, ninguno de ellos se ha resulto”.

Asimismo consideran que modificar el actual modelo de oposiciones no requiere de una ley orgánica, sino que se puede realizar a través de la modificación del Real Decreto 276/2007 de 23 de febrero. Así, USIE piensa que lo que se deben actualizar son los los temarios y las pruebas para adaptarlos a las necesidades educativas del presente, pero no eliminarlos.