Decepción en la concertada por la sentencia del TC que vuelve a avalar la "Ley Celaá"

La plataforma Más Plurales de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y diferentes organizaciones educativas, ha mostrado su decepción por la sentencia del Tribunal Constitucional que desestima el recurso de inconstitucionalidad del Grupo Parlamentario Vox en contra de la "ley Celaá". La resolución del Alto Tribunal avala retirar las subvenciones a los colegios que separan a sus alumnos por sexos y defiende que la norma respeta el derecho constitucional a usar el castellano y la cooficialidad de las lenguas autonómicas.

La plataforma ha anunciado, a través de un comunicado, que "estudiará con detenimiento los fundamentos de la sentencia, así como los votos particulares emitidos por cuatro magistrados". Y aunque respeta la sentencia, ha dejado claro que los fundamentos expuestos para desestimar el recurso no los comparte. No obstante, espera conocer el detalle de la argumentación para hacer una valoración más profunda.

Más Plurales ha puesto énfasis en la defensa de aspectos de la Ley de Educación (Lomloe) que considera injustos por que "perjudican al sistema educativo y limitan gravemente las libertades y derechos de los ciudadanos. El hecho de que se hayan tenido que realizar dos ponencias distintas sobre la sentencia pone de manifiesto que es una ley polémica y discutible".

Es por ello por lo que ha anunciado que seguirá trabajando para que sea modificada o sustituida "cuanto antes y que su impacto en las Comunidades Autónomas sea el menos perjudicial posible".

La plataforma asegura que sigue trabajando por una Ley de Educación que "reconozca la complementariedad de las redes pública y concertada en el servicio de la educación sostenida con fondos públicos; consolide el derecho de los padres a elegir centro educativo para sus hijos, respetando la demanda social a la hora de programar la oferta educativa, mantenga, sin exclusión, el acceso a la financiación pública de todo tipo de centros educativos autorizados por las administraciones públicas y permita la continuidad de los centros de educación especial para las familias que consideren que es lo más adecuado para sus hijos".

También pretende que "se establezca la financiación a coste real del puesto escolar de los centros concertados garantizando así la gratuidad total de los mismos y las necesarias mejoras laborales de sus profesionales, docentes y personal de administración y servicios". Por último pide que "se regule respetuosamente la asignatura de Religión de acuerdo con su naturaleza académica, en igualdad de condiciones al resto de materias y como instrumento indispensable para la formación integral de la persona, objetivo esencial de la enseñanza".