Política

Rajoy se centrará en defender la Ley y no negociará con la Generalitat

En Génova preocupa la fractura social en Cataluña y el ascenso del partido de Rivera

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, interviene durante el acto de cierre de campaña de las elecciones del 27S
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, interviene durante el acto de cierre de campaña de las elecciones del 27S

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, gestionará la complicada situación política que se abre en Cataluña ajustándose a dos principios: la defensa de la ley y esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Las elecciones dejan muchos enigmas abiertos y el Gobierno no iniciará ningún movimiento hasta ver cómo se aclara el panorama político catalán y cómo resuelven los independentistas la elección del nuevo presidente de la Generalitat, cómo se conforma el nuevo Gobierno y cuáles son los pasos que dan en el Parlamento catalán. En Moncloa advierten de que en campaña se han dado por hecho muchos supuestos, entre ellos el apoyo de la CUP a la lista de Mas, y subrayan que ante la hora de la verdad habrá que ver cómo se ejecuta y con qué condiciones.

Los resultados del PP catalán fueron peores de lo que esperaban en el caso de que se cumpliese la previsión de una participación histórica. Ésta sí se confirmó en las urnas, pero no su confianza en que el voto oculto les sirviese para pulverizar los malos pronósticos de los sondeos. Las urnas dejan además en el aire la amenaza que puede representar Ciudadanos a nivel nacional. Una alarma que desde Génova matizan con la precisión de que hay que ser cautelosos a la hora de extrapolar estos resultados fuera de Cataluña. Como presidente del PP y candidato a La Moncloa Rajoy tendrá que administrar el resultado de anoche con la vista puesta en las elecciones generales de dentro de dos meses y medio, «que lo condicionan todo». Al tiempo que como presidente del Gobierno tendrá que gestionar con sentido de Estado, y desde ya, el desafío que representa la profunda fractura social que ayer confirmaron las elecciones autonómicas catalanas. En semanas el Ejecutivo se enfrentará a una declaración de independencia del nuevo Parlamento catalán, sin efectos jurídicos, pero que le obligará a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). «Una sociedad tan dividida es un fracaso de todos. Y exige responsabilidad por parte de quienes han ganado sin alcanzar el 50 por ciento de los votos y se erigen en representantes de todos los catalanes», advertían anoche desde la cúpula popular.

El presidente analizará esta mañana los resultados electorales ante su Comité Ejecutivo. Y delante de su dirección subrayará que la lista independentista, pese a su victoria, no tiene la legitimidad necesaria ni en votos (gana la suma del bloque del «no») ni en escaños (una mayoría reforzada de dos tercios) para poner en marcha la ruptura con España.

Rajoy seguirá centrando su discurso en la defensa de la ley. Y tanteará también la unidad del bloque contrario a la independencia, con el PSOE como principal interlocutor. En Moncloa admiten que sería conveniente armar cuanto antes algún tipo de escenificación del acuerdo con el jefe de la oposición, aunque también son conscientes de que las elecciones generales dificultarán fortalecer ese pacto sobre los principios comunes que defienden los dos grandes partidos en lo que afecta a la unidad nacional y a la soberanía nacional. Hoy empieza ya la precampaña de las generales y esto también se dejará sentir en los «cuarteles» de Génova y Ferraz en su análisis del día después. Sin olvidar a Ciudadanos, por la fuerza con la que irrumpe en el tablero catalán.

Rajoy lo tiene claro. Ya ha dicho siempre que se le ha preguntado que no habrá independencia de Cataluña, que no es posible en el actual marco legal, y que ningún Gobierno de España se puede sentar a negociar sobre ese supuesto. También ha dicho que el Estado de Derecho responderá a cualquier decisión secesionista al margen del ordenamiento vigente, y de aquí a las elecciones generales es en este ámbito donde se centrará el núcleo de su acción política. En el Gobierno no ven margen para otras actuaciones antes de las generales. La primera razón es que habrá que ver cómo se despeja el escenario catalán. Pero esto se mezcla con las interferencias de la campaña por La Moncloa y con la incógnita de cuál será el nuevo Parlamento de la Nación. Todas estas variables afectan a la relación entre Madrid y la Generalitat y van a condicionar el estrecho margen de diálogo con el Gobierno independentista que ocupe la Generalitat.

De hecho, en la dirección popular sostienen que con la Generalitat no hay nada que negociar. Que el Gobierno mantendrá la relación institucional y de colaboración que tiene con las demás comunidades, pero sólo en lo que afecta al interés de los catalanes, sus servicios públicos y su financiación. No abrirá en ningún caso un diálogo sobre el proceso de desconexión con España que han anunciado que pretenden poner en marcha, sino que, al contrario, se erigirá en defensor de los catalanes que se han pronunciado a favor de que España y Cataluña sigan conviviendo y colaborando unidas.

La política empezará a moverse de verdad a partir de enero, cuando se conozca cuál será el Gobierno de España para los próximos cuatros años, su estabilidad y las alianzas de las que puede depender. Y nada tendrá que ver la respuesta de un Gobierno del PP, aunque sea en minoría y con Ciudadanos, con la estrategia de un Gobierno socialista y apoyado en Podemos, por ejemplo. Esto no es un mantra electoral ni discurso del miedo, sino el simple análisis de la posición programática de cada fuerza. De seguir gobernando, Rajoy no será actor impulsor de una reforma constitucional e intentará llevar la pelota al terreno de la financiación.