Sumar no obliga a sus cargos a donar parte de su sueldo y Podemos sí

Podemos fue uno de los partidos que despuntó tras su nacimiento al obligar a sus cargos públicos a ganar como mucho tres veces el Salario Mínimo Interprofesional, pero que por el camino ha limitado las obligaciones económicas de sus cargos. El sobresueldo a esta cantidad, debían donarlo al partido.

El partido, en su asamblea fundacional dejó dispuesto que sus cargos públicos y dirigentes no debían cobrar más que sus representados. Algo que, años después, en 2020 y coincidiendo con la entrada de la mayoría de sus dirigentes en el Gobierno de España, su dirección se apresuró a cambiar por un concilio más laxo.

Una de las últimas decisiones de Pablo Iglesias como líder de Podemos fue la de apostar por un modelo de donaciones, con lo que dejaba atrás el tope salarial para establecer otro sistema que permite rebasar esa cuantía. En la III Asamblea Ciudadana del partido, los morados confeccionaron un sistema diferente que implicaba directamente que, a más responsabilidades menos obligaciones económicas para con su partido. El entonces secretario general de Podemos decretó que los ministros, consejeros autonómicos o concejales de Gobierno donarían un 15% de su salario. Mientras, quienes ocupan cargos de secretarías, subsecretarías de Estado, viceconsejerías, direcciones o subdirecciones generales, ceden entre un 15% y un 35 por ciento.

Los cargos electos en cualquier nivel institucional con dedicación exclusiva donan entre un 20% y un 50% de su sueldo, y quienes menos aportan son quienes se encuentran en cualquier nivel institucional y cobran por debajo de los 40.000 euros brutos anuales, destinando el 5% de su sueldo.

Aun así, siendo más permisivo el código económico de los morados, sigue siendo más duro que el que ahora ha puesto en marcha Sumar. Desde el pasado mes de mayo, Movimiento Sumar ya es formalmente un partido «instrumental». Es decir, una formación al uso, con la vida orgánica, con derechos y obligaciones para sus militantes y cargos una vez se constituyan oficialmente como tal.

En el Régimen económico patrimonial de Movimiento Sumar, en su artículo 23 se explica que el partido podrá financiarse a través de lo dispuesto en la ley sobre financiación de partidos políticos, pero no especifica obligaciones, de momento a los cargos públicos, como sí hace Podemos. Según consta, la vía de financiación de Sumar llegará por parte de las cuotas de las personas afiliadas, las donaciones periódicas o puntuales de las personas Amigas, inscritas o sin vinculación directa con el partido. Los cargos públicos, representantes institucionales y personal contratado también podrán realizar aportaciones. Además, el partido podrá pedir microcréditos a particulares ( a militancia) y sostenerse económicamente gracias a las actividades que realice el partido, es decir, por la venta de merchandising o la celebración de eventos. Además, se contemplan las subvenciones públicas, que provienen de los resultados electorales. Excluyen, al igual que Podemos, la financiación que pudiese llegar por parte de entidades financieras. El objetivo es no deber ni un euro a los bancos.

Precisamente ayer, Sumar puso en marcha una campaña de financiación por microcréditos para ganar el país el próximo 23 de julio. La coalición Sumar explica que busca no pedir dinero a los bancos para «no depender de los poderes financieros» y en su lugar «depender exclusivamente de los simpatizantes que quieran contribuir a financiar la campaña electoral que quiere llevar a Yolanda Díaz a la presidencia del Gobierno». La campaña de financiación obliga a quien desee a contribuir a una cantidad mínima de 200 euros y máxima de 10.000 euros que, será devuelta una vez se reciba la subvención electoral, tras las elecciones. Además, Sumar asegura que dará un interés del 3,25% anual, equivalente al tipo de interés legal del dinero para 2023, con el fin de que el dinero del militante no pierda valor.