10 años de la declaración del 9N: el pistoletazo de salida del "procés" que el TC anuló

El Parlamento de Cataluña declara solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república": así lo expresaba la declaración aprobada por la cámara catalana, con los votos de la mayoría independentista, el 9 de noviembre de 2015.

La suma de 72 diputados de Junts pel Sí (JxSí) -coalición entre Convergència, ERC e independientes- y la CUP permitió impulsar esa resolución, justo doce meses después de la primera consulta soberanista, organizada por el gobierno catalán de Artur Mas.

La declaración solemne llegó horas antes de iniciarse la primera jornada del debate de investidura de Artur Mas, que aún no contaba con el aval de la CUP para repetir mandato como presidente catalán.

Alcanzar la independencia sin "supeditarse" al TC

Con esta declaración, el Parlamento de Cataluña anunciaba abiertamente su intención de "no supeditarse a las decisiones del Estado español", en particular del Tribunal Constitucional (TC), al que consideraba "carente de legitimidad".

El texto instaba al futuro gobierno catalán -aún por constituir- a cumplir únicamente las normas emanadas de la cámara catalana, "con tal de blindar los derechos fundamentales que pudieran quedar afectados" por decisiones de las instituciones estatales.

Además, anunciaba un "proceso constituyente" para preparar una "futura Constitución catalana" y planteaba trasladar al Estado español y "al conjunto de la comunidad internacional" la intención de "iniciar negociaciones" para lograr la independencia.

La resolución iba mucho más allá de la "declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña" que aprobó en 2013 el Parlamento de cataluña, aunque omitía los términos "desobediencia" y "ruptura", que, si bien eran bien vistos por la CUP, despertaban reticencias en el entonces presidente catalán en funciones, Artur Mas.

Negociaciones discretas y críticas de consellers

Una resolución así encajaba con los planes de futuro de JxSí, pero pocos días después de las elecciones del 27 de septiembre de 2015 la CUP advirtió de que había que "acelerar" el ritmo del proceso secesionista y "blindar un punto de no retorno".

JxSí y CUP iniciaron negociaciones discretas para redactar la declaración, en paralelo a las conversaciones para la investidura: aquella comisión de coordinación estuvo formada, entre otros, por el entonces coordinador general de Convergència, Josep Rull, la exsecretaria general de ERC Marta Rovira, el cabeza de lista de JxSí, Raül Romeva, y el exdiputado de la CUP Benet Salellas.

El tono rupturista de la declaración alarmó a algunos consellers del Govern en funciones que presidía Artur Mas, como es el caso de Andreu Mas-Colell, entonces titular de Economía y Conocimiento, que publicó un artículo en el que criticaba la "prisa" por impulsar esa resolución debido a las presiones de la CUP.

La CUP veta a Mas

Mas esperaba que la aprobación de la declaración sirviese para vencer los recelos de la CUP hacia él, pero los anticapitalistas mantuvieron su rechazo a apoyarlo en el debate de investidura celebrado el mismo 9 de noviembre, y no rectificaron en los meses siguientes, hasta que en enero fue investido Carles Puigdemont.

Mientras tanto, Ciutadans, el PSC y el PP intentaron frenar la votación de la resolución y presentaron un recurso de amparo ante el TC cuando la entonces presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, convocó la Junta de Portavoces para abordar el texto sin que los populares estuvieran constituidos como grupo parlamentario.

Anulación por unanimidad

El Gobierno de Mariano Rajoy impugnó ante el TC la declaración recién aprobada por la cámara catalana, que fue declarada nula por unanimidad en el pleno del alto tribunal.

En su fallo, el TC recalcó que el "imperio de la Constitución como norma suprema" deriva de la "determinación de la nación soberana", expresada por un "sujeto unitario, el pueblo español".

Aquella anulación, al inicio de la tormentosa legislatura que derivó en la suspensión de la autonomía catalana, marcó la pauta del pulso entre las instituciones catalanas y los tribunales españoles, hasta el choque definitivo a raíz de las "leyes de desconexión" y la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.